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"Antes del verano tendremos una respuesta para los pequeños inversores atrapados en las renovables"

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12/06/2018 17:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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A Teresa Ribera (Madrid, 1969), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha asignado un encargo capital: dirigir la transición hacia una economía que respete los límites ambientales. En su departamento se han fundido por primera vez en la historia de España las competencias de energía y medio ambiente.

Sin apenas tiempo de aterrizar en el Ministerio, Ribera tuvo que marchar el lunes a Luxemburgo al Consejo Europeo de Energía. "Había mucha expectación ante el cambio", comenta la nueva ministra, que se encontró allí con el comisario de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, y tuvo que escuchar del político popular las cuentas pendientes que España tiene en Bruselas por no respetar las competencias del regulador energético.

Recién llegada de la reunión, Teresa Ribera recibe a eldiario.es con una agenda política inmensa encima de la mesa. ¿Su prioridad? Llegar a tiempo con la ley de Cambio Climático. Durante la conversación en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, en su primera entrevista a un medio escrito como ministra, avanza su intención de articular "una respuesta antes del verano" para los pequeños inversores que se quedaron atrapados por los recortes del anterior Gobierno a las renovables; confirma su intención de "suprimir rapidísimamente" las trabas al autoconsumo y promete devolver a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) los poderes que le hurtó el Ejecutivo Rajoy. También se sirve agua del grifo. ¿Una señal?

El anterior Gobierno anunció varias veces un borrador de Ley de Cambio Climático. ¿Ha podido verlo?

Hay un borrador con carencias importantes de fondo y de forma. Prácticamente no hay nada en materia de energía, fiscalidad ni señales orientadoras para que los inversores inviertan bien y no donde no toca. Y son aspectos críticos. Hay otra carencia importante: la necesidad de implicar, de proteger, a los colectivos más vulnerables en una transición que ha de ser justa. Y otra cosa muy llamativa es la falta de diálogo con la sociedad en temas críticos, de futuro. Así que hay un texto que aborda temas interesantes, que pueden ser una buena base para trabajar en lo que es la prioridad de este Ministerio, pero es manifiestamente insuficiente respecto a los contenidos y su nivel de respeto para con la sociedad.

¿Hay tiempo para sacar adelante un texto en esta legislatura?

Yo espero que sí, es una prioridad absoluta, es fundamental. Pero no hay absolutamente nada en el aspecto complementario: el Plan Nacional integrado de Energía y Clima, esa parte estratégica donde se hacen ver las trayectorias, las oportunidades, los desafíos a los que ha de hacer frente toda la transformación del sistema energético. Hay una carencia que puede ser razonablemente trabajada en un plazo de tiempo corto por parte del Ministerio con las dos patas ya integradas para someter el texto a información pública y abrirlo a debate en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el resto de órganos de participación social.

Debemos entregar el Plan Nacional de Energía y Clima en Bruselas a más tardar en diciembre de 2018. Me parece crítico, es la parte que da credibilidad a lo que pueda ser ese marco, ese paraguas, esa señal de orientación que ofrece la ley. Es lo que nos puede permitir sentar las bases de una economía con futuro para las próximas décadas y configurar consensos entre los distintos actores, públicos y privados, sobre qué país queremos construir.

A muy corto plazo, ¿cuál va a ser la primera medida que va a llevar en materia de energía al Consejo de Ministros?

Estoy descubriendo los temas pendientes y prioridades que había en la Secretaría de Estado de Energía y me ha llamado poderosamente la atención que prácticamente no hay ningún espacio tranquilo, bien encauzado, consensuado, sin un problema detrás.

Ha habido un abandono a los colectivos más vulnerables en todo ese proceso de transición justa en espacios muy dependientes de una determinada actividad energética; en la integración de ese nuevo modelo energético que necesariamente debe contar con las ventajas que ofrecen tecnologías cuyos costes se están abaratando y que permiten socializar las soluciones en eficiencia, renovables, gestión del sistema, electrificación de las demandas, permitiendo que las señales de precios muestren las orientaciones de coste y beneficio de forma diferente... hay conflictos institucionales obvios por los que el propio comisario me preguntó ayer mismo con gran preocupación con respecto a un regulador independiente como es la CNMC; hay un debate respecto a la relación entre los distintos niveles de la Administración, con la preocupación de muchas comunidades autónomas, como Baleares, que está intentado impulsar un ejemplo de energía diferente... Mi primera propuesta al Consejo de Ministros será ofrecer una visión de conjunto sobre cómo ordenar las prioridades sin obviar el debate público, inversor y social de esa gran orientación que representará el Plan Nacional de Energía y Clima.

Llevamos un año hidrológico espectacular pero la gente ve que la factura de la luz sigue siendo muy alta. ¿Es normal que sea tan difícil en España hacer frente al recibo?

La cuestión de qué refleja la factura de la luz, en un modelo de generación que cuenta con mucha más capacidad que el uso promedio que le damos, y la falta o insuficiencia de medidas de acompañamiento social es uno de los aspectos clave. Es verdad que llevamos un buen año hidrológico, y que no podemos depender de eso para tener una previsión de cómo puede evolucionar la factura de la luz ni nuestro modelo energético y de generación. Habrá que ver cómo se aborda en el tiempo, pero podemos pensar si el sistema de fijación de precios, que ha valido para una realidad física y empresarial que hasta hace poco era prácticamente incuestionable, puede funcionar en las próximas décadas. Eso genera desafíos que hay que estudiar con cierto detalle.

Hay que ver cómo pensar en esa evolución del sistema de fijación de precios, de participación en el mercado, si vale o no. Cada vez más vamos a tener delante una biodiversidad amplia de actores en el sistema. Hay que potenciar la capacidad de entrada de autoconsumo reduciendo aquello que se demanda a la red; pensar en cómo dar seguridad a una red que necesitamos que funcione bien para manejar de manera flexible las distintas vías de generación en cada momento, y de qué manera se ofrece libertad a los operadores.

Lo estamos viendo ya con las demandas que ofrecen algunas instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid; bien porque se ponen de acuerdo consumidor y generador respecto a una determinada característica en precio, en tiempo o en modelo de generación, para fijar precios de manera diferente a la tradicional en un mercado marginalista único [el famoso 'pool' eléctrico]. Es una pregunta compleja que necesitará de cierto estudio para poder responder acertadamente lo antes posible. Es un factor determinante no solo desde el punto de vista de la competitividad industrial, lo es también y, sobre todo, desde el punto de vista de la viabilidad social. No es posible, no es viable, que la gente tenga que elegir entre poder pagar la factura de la luz y poder comer o poder atender otras necesidades básicas. Tendremos que hacer un repaso de medidas de emergencia o de urgencia y medidas que respondan a las causas subyacentes de ese precio creciente de la factura de la luz en la factura de los hogares.

En el pasado se ha planteado la necesidad de auditar los costes del sistema eléctrico. ¿Está de acuerdo?

Es importante entender y revisar periódicamente cómo funciona el sistema de fijación de costes del sistema eléctrico y pensar cómo debe funcionar en los años por venir. Como digo, ese sistema único de mercado marginalista probablemente no encaje y necesite ajustes. Es algo sobre lo que se están planteando ya muchas preguntas en otros países de nuestro entorno.

Una revisión, un análisis, un estudio periódico de qué es lo que tenemos y cómo podemos mejorar nunca sobra. Y ese proceso de transición del sistema antiguo, la evolución de la Ley del Sector Eléctrico, que ya tiene 20 años, al futuro que tenemos que construir hoy necesariamente requiere entender los límites, qué hay que cambiar y en qué dirección.

España ha elevado en Europa su ambición en eficiencia y renovables. Para conseguir los objetivos de París y lograr al menos ese 34% de renovables en 2030, ¿es indispensable la interconexión eléctrica a través del Golfo de Vizcaya?

Ha habido muchos avances en el marco ibérico, algunos en la interconexión con Francia y limitados con Marruecos. Probablemente necesitamos incrementar la capacidad para poder impulsar al máximo la presencia de renovables. Nuestro modelo energético, como en muchos otros países de nuestro entorno y en sistemas aislados, puede beneficiarse en gran medida de sistemas de generación distribuida, de aprovechamientos y complementariedades que pueden tener lugar en un espacio más acotado como el ibérico. Sin perjuicio de que es más que probable que necesitemos alguna interconexión, sin pensar que necesitamos multiplicar enormemente nuestra capacidad. Hay un espacio de crecimiento pero la pregunta no es tanto sí o no como cuánto, dónde o hasta dónde.

Usted recibe en herencia decenas de demandas de inversores internacionales por los recortes a las renovables de 2013. ¿Se les va a compensar sin esperar a que se pronuncien los respectivos tribunales de arbitraje? ¿y a los pequeños inversores?

Esa ha sido una de las lecciones más duras que hemos visto estos años y que heredamos con una complejidad de gestión muy grande. Cuando se compara con lo que hizo Portugal en su momento, da mucha envidia: allí se evitó el conflicto abordando desde el principio soluciones que pudieran convencer a todas las partes. Ojalá hubiéramos hecho eso, y ojalá estuviéramos en condiciones de poder abordarlo. Muy probablemente ni al inversor grande, ni al pequeño, ni al pequeño ahorrador, ni a las instituciones nos interesa entrar en conflictos que duran años y se pueden eternizar.

La segunda variable, tremenda, es ese otro factor que discriminaba o permitía a los no nacionales acudir a mecanismos de resolución de conflicto vedados a los nacionales. Es un aspecto que el Gobierno tiene que abordar, qué ocurre con esos pequeños ahorradores cuyas inversiones se vieron hundidas en muy poco tiempo y quedaron atrapados. Es pronto para ofrecer una respuesta al respecto; ahora, que estoy sensibilizada, no le queda la menor duda. Lo que tenemos es unos laudos que ya se han hecho públicos, una serie de litigios y procedimientos en los que a mí me gustará tener un análisis mucho más cercano respecto a su situación procesal, qué tenemos delante y cuáles son las posibles vías de solución. Formará parte también de las cinco-diez cosas que tendremos encima de la mesa para poder ser abordadas y tener una respuesta antes del verano. No tengo una respuesta inmediata pero sí forma parte de las necesidades obvias a las que este gobierno tiene que dar respuesta de forma temprana.

Ha mencionado el expediente de Bruselas a España por negar competencias a la CNMC. ¿Se las va a devolver el Gobierno? ¿Van a renunciar a fijar los peajes de la luz para que lo haga el regulador?

Este es un conflicto absurdo que debía haberse evitado. Hay un marco comunitario y una serie de directivas que establecen las funciones de las instituciones en materia de energía en los Estados miembros. Podrá haber márgenes para la discusión respecto a los aspectos que queden en un espacio ambiguo o discutible; pero no con todo. Tener un conflicto institucional entre el regulador independiente y el Ministerio porque este se empeña en hacer aquello que la directiva no le deja hacer es un poco absurdo. Este es un asunto que surgió ayer directamente en la primera conversación con el comisario después de un anuncio suyo, por otra parte, llamativo: mira que ha habido años para gestionar esto y resulta que me lo encuentro sobre la mesa nada más llegar.

Era especialmente acuciante en relación con determinadas cuestiones que debían estar ya plenamente aplicables y hemos intentado responder de la manera más urgente posible. Lo que tenemos que hacer, como en cualquier país serio, es tener una reunión con el equipo de Energía del Ministerio y el presidente de la CNMC y su equipo para abordar todas las cuestiones pendientes y resolverlas de forma razonable y compatible con la directiva respecto a las funciones de la CNMC y el ministerio. Y que las cosas funcionen de una forma mucho más natural.

¿Qué puede hacer en el año y pico que le queda de legislatura para acometer el cierre paulatino de centrales nucleares según cumplan los 40 años de vida?

Tenemos un calendario natural en la ley, un programa del partido que está en el Gobierno respecto a la viabilidad del parque nuclear más allá de 40 años; y un marco que responda a las demandas energéticas de las próximas décadas que debe ser aprobado en el Plan Nacional de Energía y Clima. Probablemente los operadores, con arreglo a los calendarios que corresponde en cada caso, irán presentado sus peticiones de cierre o prórroga. Tenemos un Consejo de Seguridad Nuclear que habrá que ver qué dice y que por otra parte tiene otros asuntos importantes encima de la mesa ya; y otras cuestiones que habrá que mirar con detalle.

Debemos evitar lo que ocurrió con Garoña, en lo que a mí me parece que quizá es el elemento más importante: qué ocurre en aquellas zonas que dependen de una única actividad o instalación y, en la perspectiva de que aquello pueda llegar a no existir, qué capacidad de anticipación y de generación de impulso de otro tipo de iniciativas hay para que las personas que habitan en la zona no se sientan abandonadas, no sientan que su vida depende del mantenimiento de esa central. Por tanto, hay un debate energético: qué significa eso en el mix, la evolución de algo que tiene que cumplir con los requisitos de seguridad del suministro, de coste razonable para el sistema; qué significa eso para la población que depende de esa gran instalación; y la realidad económica del titular de la central.

No hay un plan de cierre de centrales, pero sí debe haber una capacidad de anticipación y de entendimiento de lo que está por venir; de movilización de alternativas y dinamización en los entornos locales; y de aseguramiento de lo que puede significar eso en un sistema energético que debe ser sólido y quedar libre de emisiones. En este año y medio debemos ordenar todo esto de manera que no pillen de improviso decisiones que se van a ir materializando y que hoy por hoy, vista la experiencia, aparentemente contaban con poca capacidad de reacción o de anticipación.

El fondo de la empresa estatal Enresa es el que debe pagar el desmantelamiento de las nucleares. ¿Hay dinero suficiente?

Es una primera pregunta que me gustará hacerle al presidente de Enresa inmediatamente. Es un elemento muy llamativo y muy interesante y es importante tener las cuentas claras. Muchas veces oímos que la nuclear es muy barata y que está perfectamente garantizada la seguridad en la gestión de sus residuos y el desmantelamiento de centrales. En los próximos 10 años cumplen 40 años todas las centrales del parque español. Y eso supone una operación importantísima desde el punto de vista de la ingeniería, la seguridad, las capacidades técnicas para asumir con responsabilidad aquello que se aceptó cuando entraron en funcionamiento. ¿Se han ido proveyendo los recursos para poder hacerlo bien? ¿Faltan? ¿sobran? ¿de dónde? ¿cómo? Es un elemento importantísimo.

Todavía no he tenido ocasión de hablar con el presidente de Enresa, pero me parece que es una pregunta obvia. Por favor, hagamos una auditoría: dónde estamos, qué tenemos y qué perspectivas de trabajo serio hay por delante con todas las garantías para la población, el sistema y las futuras generaciones.

¿Es partidaria de construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas?

Yo me fui de aquí en 2011 con el debate sobre Villar de Cañas y tengo la impresión de que se ha avanzado muy poco. Se ha tenido que ir resolviendo a partir de los almacenes temporales individualizados [ATI] porque evidentemente hay que gestionar lo que uno tiene y no se puede mirar para otro lado. No hay que tomar decisiones precipitadas. Me sorprende que se haya trabajado poco y con tan poca seriedad en las opciones respecto a cómo gestionar este asunto: si a través de ATIs que perduren, a través de un ATC y en ese caso dónde, cómo y en qué condiciones... Para mí quizá la gran sorpresa es el panorama desolador que en gran medida encuentro en Energía. En un tema tan crítico e importante para la economía y la sociedad española, hay una inercia de cosas que funcionan, que funcionaban razonablemente, y muy poca preparación de las respuestas a desafíos que merecen ser tenidos muy en cuenta. Hemos detectado algo que desde fuera también veíamos: se iban resolviendo con parches puntuales las cosas según iban surgiendo en los medios con un nivel de improvisación importante. Y eso no puede ser.

Es evidente que en el corto plazo siempre vamos a tener cuestiones que resolver todos en cualquier responsabilidad. Pero este es un sector que requiere reflexiones estratégicas y acompañamiento estratégico permanente. Y quizá una de las cosas que debamos plantear es reconocerlo así: constituir como tienen otros países en nuestro entorno un consejo asesor externo independiente que pueda hacer recomendaciones permanentes y una evaluación sobre qué es lo que se necesita, cómo hacerlo, dónde hay que fijar la atención y prestar para el debate público las propuestas que se necesiten. Combinar seguridad, precio, economía, aspectos sociales y ambientales en un proceso de transformación como el que estamos viviendo es más complicado que una cuestión meramente técnica y que un golpe de corazonada del responsable político de cada momento.

¿Es partidaria de acelerar la prohibición del plástico de usar y tirar?

Yo creo que sí. Es muy importante. Recuerdo el debate de las bolsas de plástico de un solo uso que hace diez años era una cosa tremenda y ahora se toma con gran naturalidad. Hay mucho espacio adicional. La contaminación por plásticos ha saltado a todos a la vista en el océano. Es un escándalo lo que tenemos. Y eso se produce en tierra. Sabemos que no es necesario. Sabemos que eso exige una reconversión industrial importante. Me gustará oír a la industria petroquímica que trabaja en plásticos, pero creo que es obvio que hay otras soluciones disponibles por las que hay que apostar y creo que estamos creando un problema ambiental que dura décadas que no tiene sentido ni hay manera de gestionar. La economía circular, la buena gestión de residuos y el cuestionamiento de la economía del plástico que como nos descuidemos nos identificará como era geológica para los próximos arqueólogos son aspectos que necesitan ser drásticamente abordados.

¿Qué puede hacerse desde el nuevo Ejecutivo ante la modificación de la ley de Biodiversidad que abre la mano al aprovechamiento de algunas especies exóticas?

La verdad es que he vivido un poco de lejos este debate, pero me resulta enormemente sorprendente y triste. Teníamos una ley que fijaba el criterio científico y la integración social de ese cambio como grandes elementos orientadores de lo que debía ser el catálogo [de especies exóticas invasoras]. Si yo fuera diputado o senador me daría mucha vergüenza prescindir del mejor estado de la ciencia y que simplemente se trate de darle a un botón por el impulso de una corazonada. No es un cuestionamiento sobre una base científica. Lo que refleja es que no se quiere saber lo que me dice la ciencia al respecto. Soluciones que integren preocupaciones sociales con lo que sabemos ya sobre el efecto de las especies invasoras en nuestro entorno: su coste económico, su coste social a medio y largo plazo. Será abordado con seriedad.

También tiene encima de la mesa la política de agua, tan crucial ante el contexto de escasez que augura el cambio climático.

Entender que el agua es un bien precioso y escaso es fundamental. Pensar que se puede hacer política de agua a demanda, todo lo que me pidan lo doy, es una irresponsabilidad. Parecería una obviedad: no es posible. Pues hay que insistir en ello. La gran apuesta sigue siendo: máxima eficiencia, máxima depuración y reutilización y máxima selección de las necesidades de aportaciones adicionales que en algún momento se puedan requerir. Pero considerar que podemos poner en regadío grandes extensiones de secano sin acceso a agua o pensar que puede haber un no coste a un recurso tan fundamental es absurdo.

¿Planea mantener la línea de trasvases para atender demandas?

Trasvases, grandes infraestructuras... es muy difícil decir nunca, pero hay que insistir en que son aportaciones puntuales que no pueden ser el eje central de una política de agua como hemos oído en ocasiones en el pasado, como si esto fuera un juego de parchís donde llevas las fichas a lo largo del tablero. No es tan sencillo como eso. No es verdad que haya déficit de cuencas que puedan ser suplidos con superávit de otras porque la realidad física no responde a esa lógica sino a otra bien distinta. Lo que no significa que no sea responsabilidad del Gobierno asegurar, facilitar un recurso a un bien básico para consumo en condiciones suficientemente dignas de calidad y precio para que todo el mundo pueda sentirse tranquilo respecto a la disponibilidad de agua en sus hogares.

¿Abordará modificaciones para que los impuestos verdes sean una herramienta de protección efectiva?

Siempre he dicho que la reforma fiscal es absolutamente capital. Hay expresiones de riqueza o de aprovechamientos de riqueza ligados a consumos ambientales que están manifiestamente infrarrepresentados en la cesta fiscal. Abordar una reforma profunda integrando de una manera transversal la fiscalidad ambiental es crítico. En algunos casos con impuestos claros y puntuales y en otros una reforma más profunda y transversal. Creo que la gran dificultad de nuevas figuras o retoques de las que existen como el autoconsumo, que evidentemente hay que suprimir rapidísimamente, es qué mayoría parlamentarias y qué consensos sociales existen al respecto.

¿Existe un ambiente para hacerlo?

Hay dos cosas que han cambiado mucho: la empresa, la industria entiende que necesita eso. Que está en peores condiciones cuando no incorpora rápidamente ese valor y desvalor con precios sombra, o con la existencia de un marco fiscal adecuado porque acaba beneficiando en el corto plazo quien no hace y retrasando la toma de decisiones estratégicas en el medio plazo. Y perjudica a quien asume que debe cambiar drásticamente su modelo de producción y de consumo de materias primas. Y eso es una buena cosa. Oír al mundo de los negocios reivindicar una fiscalidad ambiental.

Y la percepción de los ciudadanos. Lo que antes era impensable y hoy estamos encantados. Cuando se cambian los patrones de movilidad, la reacción frente a las alarmas de la contaminación y los efectos en la salud, creo que genera un buen caldo de cultivo para explicar por qué es importante introducir esa discriminación ambiental. Hay plásticos, residuos, contaminación, que necesitan un tratamiento claro mucho más valiente.

¿Y mientras se logra esa transición?

Sí que es verdad, aunque es un reproche a veces aprovechado con cierto populismo, que un incremento de las cargas fiscales a los comportamientos más contaminantes en el corto plazo, cuando ha sido lo más fácil para los ciudadanos, tiene efectos regresivos desde el aspecto social. No se le puede decir a la gente: 'Aumento la fiscalidad enormemente sobre la electricidad X o el diésel X', cuando es probable que el que tiene el coche más viejo o la casa peor aislada, es quien no han podido acceder a un coche más nuevo o una movilidad diferente o una casa aislada. Hay que pensar cómo ese cambio en el modelo fiscal debe ir acompañado al menos en el corto y el medio plazo con medidas sociales compensatorias. La modernización de nuestra actividad económica debe reflejar las cargas ambientales, pero también una justicia social, una equidad que si no deja desprotegido a quien no tiene cómo cambiar rápidamente de un modelo a otro.

¿Veremos en esta legislatura los parques nacionales de El Hierro y la extensión de Cabrera?

Me encantaría. Las dos cosas: El Hierro y Cabrera. Cabrera es tan simbólico y tan relevante por tantas cosas y tan compatible con una buena gestión responsable de pesca que confío en que sea razonablemente sencillo llegar a ese acuerdo. Pensemos que los dos archipiélagos son un escaparate de España al mundo. Somos un país de la Europa occidental razonablemente rico que tiene recursos y capacidad para gestionar y proponer un modelo de desarrollo diferente para proteger los recursos para las generaciones venideras. Hay un proyecto muy avanzado del corredor de cetáceos que dejó preparado el anterior equipo que es muy buena noticia. Y con esa base podemos avanzar en la protección mucho más seria, mucho más extensa en toda esa zona que es fuente de riqueza, satisfacción y orgullo.

Mar Menor, Delta del Ebro, Doñana...los humedales nos anticipan las consecuencias del cambio climático

En efecto, España es enormemente rica en algunos humedales emblemáticos que merecen una apuesta mayor y más seria. Algunos riesgos y amenazas específicos están identificados: por actividades de proximidad y por otras no tan próximas. A veces por dificultad para materializar sistemas de vigilancia... Pero creo que hemos llegado a un punto de evidencia tan claro sobre la calidad del mar menor, por ejemplo, y la pérdida de sus condiciones...sobre Doñana, que hemos visto cómo ha venido sorteando amenazas de muy distinto calado, es importante remangarse en cada caso concreto, pero en un contexto de lo que me gustaría que fuese un Plan Nacional de Humedales que ponga en valor su protección y que requiere una atención específica de la autoridades locales y autonómicas y también de las personas que viven de, en y para esos espacios.


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