Desde el punto y hora  que su contenido  vulnera explícita y repetidamente el principio de igualdad,   no debe  plantear  cuestionamiento de tipo    alguno el hecho  de afirmar  que la  Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG ) es  totalmente anticonstitucional, toda vez que  la prevalencia del criterio de representación territorial impide la existencia de paridad en el sufragio, y con ello,   la proclamación constitucional de que todos los votos tengan idéntico valor. Una inusitada contradicción, por cuanto  al tiempo que en la práctica electoral  la homogeneidad  del voto brilla por su ausencia, la garantía   de su valor homónimo  consta  matizado expresamente en el contexto del marco constitucional, ciñéndose al  más amplio derecho de  igualdad ante la ley que como mejor formulación expresa el propio artículo 14 de la CE

Es por eso que la aplicación  de  tan anómala legislación en las elecciones generales del 20D fue la tabla de salvación que hizo  que un  bipartidismo tocado y  en desplome se mantuviera a flote, razón  sobrada para  afirmar  que el actual  sistema electoral  es en si mismo una perversión de la democracia que impide toda posibilidad   de impulsar el multipartidismo en pie de igualdad,   siendo por  eso  que el resultado de su aplicación   no responde en modo alguno  a la realidad  del mapa político de la sociedad española.

Hecho que viene a evidenciar  que el mantenimiento   de  tan atípica   Ley Electoral es en si mismo el soporte impropio que   sostiene la pervivencia  de un bipartidismo decadente, y razón por tanto mas que justificada  para establecer  su reforma como objetivo preferente.

Finalidad   que además   de plantearse como  una exigencia de ética democrática ha de ser  también un  imperativo  de caución del Estado de Derecho,   con el propósito de poner punto final a un  modelo que  nacido en el postfranquismo, a tiempo presente,   por su disfunción no debe seguir persistiendo cuando en si mismo se ha convertido  en  una completa  estafa.

Al menos esa es la interpretación  acorde si hacemos una lectura  apropiada  de la Transición, y tomando razón del derecho de la ciudadanía  a decidir su destino político, somos capaces de entender que desde el primer momento, el proceso no dejo de ser una   vana ilusión, y ello  a juzgar  por los controles y filtros  de acompañamiento  que mediatizaron  el ejercicio del sufragio, al no permitir en modo  alguno   que el derecho  de  voto fuese ejercido al margen de los centros  de poder  que como propulsores  se encargaron de reducir  todo síntoma de pluralismo a la mínima expresión.

No hemos de soslayar la involución política del PP, la estafa electoral urdida por el propio Rajoy a sus votantes y los estragos causados en cuatro años de neoliberalismo a ultranza

Ese motivo que no otro, ha sido la causa de 38 años  del progresivo  deterioro de la vida política,    del descrédito y distanciamiento  de  unos  partidos con marcada  tendencia a la  oligarquización,  que en su incongruencia,  con idéntica facilidad tanto  proclaman la unidad de España como regalan  la soberanía nacional generando  con tal despropósito  que este país haya  dejado de tener fundamento socioeconómico y político propio como Estado Soberano, provocando con ello, además de una crisis de representación  democrática la total deslegitimación  del  bipartidismo congénito.

Referir por tanto que lo artificioso del sistema electoral y el demérito de sus autores,  hace  recomendable  que a la hora de conformar nuevo gobierno  toda interpretación de  los resultados de los últimos comicios deba realizarse prescindiendo de subterfugios legislativos,  otorgando prevalencia al acumulado de votos por candidatura como factor determinante de atribución de gobernabilidad. Pues en buena lógica, el futuro  del país debe ser democráticamente  otorgado  a quienes  en su conjunto agrupen la mayoría electoral en votos,   que nunca, a quien se arrogue tal derecho  aduciendo la   condición  de lista más votada, pues el reconocimiento de tal circunstancia  como justificación  equivaldría a validar contra toda lógica  el decadente  sistema electoral. Siendo por eso que en los objetivos programáticos de un hipotético gobierno de progreso la reforma de la Ley Electoral como asignatura pendiente de la democracia ha de ser  establecida  como acción urgente y perentoria.

En todo caso, no hemos  de soslayar  la involución  política del PP en la anterior legislatura trayendo  a colación como referentes la estafa electoral urdida por el propio Rajoy a sus votantes y  los estragos  causados  en cuatro años de neoliberalismo a ultranza, como  argumento sobrado para desaconsejar su postulación  a presidir el nuevo  Ejecutivo. Pues no ha de otorgársele segunda oportunidad  a quien desde la mayoría absoluta de una derecha  antisocial y retrógrada impuso su voluntad  declinando toda negociación o  pacto  sustituyendo así el parlamento por los decretos ley, siendo por ello que resultaría   un anacronismo político hacerse cómplice de quien por sus hechos estás obligado a combatir

De ahí  que ante la compleja coyuntura que vive el país, por responsabilidad de Estado, sea  obligado abortar todo intento de continuidad  del  PP,   siendo alternativamente deseable,   la conformación de un Gobierno entre las fuerzas progresista que en confluencia  asuman  el cambio político que la situación demanda .