Por Edmundo Jarquín - Cualquiera que sea el desenlace de la tercia entre el gobierno y el sector privado por la pretensión del ente regulador de las telecomunicaciones (TELCOR), de incidir de manera absoluta en el nombramiento de los principales cargos directivos y gerenciales de las empresas privadas que operan en ese sector tan sensitivo, no cabe duda que el intento es parte de la lógica del poder total, o totalitario, con la que Ortega ha venido operando desde que regresó al gobierno.

Una decisión que viola tantas normas constitucionales y de la legislación ordinaria y administrativa, no pudo publicarse sin expresa aprobación al más alto nivel del inconstitucional gobierno de Ortega. Esto es obvio.

Lo que no resulta tan obvio es que aunque la decisión se revierta, y ojalá así sea, no estamos ante un simple conflicto entre gobierno y el sector empresarial, sino ante una de las derivaciones de la lógica de acumulación de poder de Ortega en todos los campos. Si la decisión se revierte, el simple amago revela la dinámica de poder que enfrentamos, y nuevas iniciativas vendrán, o la misma cuando se crea hay mejores condiciones. El Orteguismo no es más un proyecto político-ideológico en el sentido tradicional, de izquierda o derecha, sino un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y de dinero por el poder. Es un proyecto Copérnico, en el cual todo gira y se hace en función del centro, es decir, de Ortega.

En ese sentido, ojalá que este caso sirva para clarificar a toda la sociedad que todos, sin excepción, estamos amenazados por esa lógica del poder totalitario: que no se puede separar, ignorar o ver con indiferencia lo que Ortega haga en el campo de las elecciones, la política y los derechos humanos, de lo que inevitablemente hará en todos los demás campos, el empresarial incluido.

No por conocida o frecuentemente citada podemos olvidar la dramática reflexión del pastor protestante Martín Niemoeller, en las postrimerías del nazismo: "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí".

La democracia importa La próxima semana estaré en Panamá para participar en dos actividades que subrayan la importancia que el sector privado de ese país atribuye a la institucionalidad democrática.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), una vibrante organización del sector privado que desempeñó un notable papel en los años 80 en contra del autoritario régimen del General Noriega, organiza desde hace varios años la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE), uno de los eventos empresariales más importante de ese país.

El tema de CADE de este año es "Participación ciudadana: institucionalidad y democracia" y he sido invitado como orador en la cena inaugural el martes 9. El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, será el orador en el acto de clausura, dos días después.

Y el viernes 12, en David, importante ciudad en el occidente de Panamá, el periódico La Prensa de Panamá, ha organizado el Foro titulado "La democracia importa", y me ha invitado a que sea el expositor principal del mismo, en el cual participarán, además, destacados exponentes de la sociedad civil y del sector empresarial.

En esencia, con títulos ligeramente diferentes, el tema es el mismo: la democracia importa, y mucho. Que un periódico, que se desempeña en uno de los campos más sensible de las libertades democráticas, la libertad de expresión, se ocupe del tema de la democracia, no extraña en absoluto. No es tan común, aunque cada vez más frecuente, que lo hagan los organismos empresariales.

La razón para que las organizaciones empresariales se ocupen más y más de los temas institucionales y políticos, sin caer en el debate partidario, es que se ha venido acumulando suficiente evidencia histórica y empírica que explica cómo el éxito de los países, en cuanto a su desarrollo económico y social, depende de la solidez de sus instituciones económicas y políticas, sin que sea posible separar unas de otras.

El crecimiento económico autoritario no es sostenible. Nuestra propia historia lo enseña. Después de un cuarto de siglo de fuerte crecimiento económico, la imposibilidad de procesar el deseable cambio político dentro de los moldes institucionales del régimen Somocista, condujo a su derrocamiento, y casi todo el progreso acumulado se revirtió. Lo mismo se anticipa, según los estudiosos, para el caso de China, que adopta instituciones políticas más abiertas y compatibles con la pluralidad de pensamiento y acción, o tendrá dificultades para mantener su ritmo de crecimiento.

En otras ocasiones he comentado la importancia que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) haya adoptado, a inicios del gobierno de Ortega, una agenda técnica-económica y una agenda institucional. En los hechos, la agenda institucional ha quedado en segundo plano porque el gobierno le niega al COSEP capacidad de interlocución en ese plano. Y no es porque el gobierno tenga otro interlocutor para la agenda institucional, sino porque sencillamente no le interesa en absoluto.

Lo que está ocurriendo en el campo de las telecomunicaciones señala los límites de avanzar a diferente ritmo, como si fuesen separables, la agenda técnica y la agenda institucional. Es como tratar de hacer avanzar un tren sobre un solo riel.