Por José Ramón Gutiérrez M.

Dice el refrán popular “El que no la debe, no la teme”. Por eso resulta sumamente sospechoso el súbito movimiento ordenado por Daniel Ortega a los altos mandos de la Policía Nacional, en el sentido de hacer desaparecer la Unidad Especializada Anticorrupción, justamente cuando la jefa nacional, Aminta Granera, se encuentra en Europa en búsqueda de apoyo económico.

No es la primera vez que el orteguismo aprovecha la ausencia de Aminta Granera para ejecutar acciones que comprometen la independencia política y partidaria de la institución policial. Ortega se ha empeñado en garantizarse lealtad absoluta de parte de la policía, sustituyendo a cuadros profesionales y apolíticos, poniendo en su lugar a fieles militantes del nuevo FSLN que maneja el matrimonio presidencial, Ortega – Murillo, cual si fuera una empresa personal.

La información, dada a conocer esta semana por el diario La Prensa, revela que el grupo élite fue creado, bajo la organización y equipamiento de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), durante la gestión presidencial del Ing. Enrique Bolaños. Su misión fundamental consistía en colaborar en el combate contra el crimen organizado, tanto con la Dirección Antidrogas, como con la de Investigaciones Económicas, así como a detectar actividades de corrupción institucional.

Otro hecho que hace despertar las suspicacias del más ingenuo, es el hecho de que la unidad policial especializada fue desaparecida (compactada según los términos sandinistas), luego de que el periódico La Prensa confirmó la llegada a Nicaragua de oficiales de la DEA “para investigar por su cuenta lo relacionado con pistas de aterrizaje clandestinas”.

Era evidente que los oficiales norteamericanos serían ubicados y atendidos en sus necesidades de información, precisamente por sus pares nicaragüenses encargados de reprimir el tráfico internacional de estupefacientes, tanto a nivel de la policía como del ejército.

¿Cuál es el miedo de que estos oficiales nicaragüenses se entrevistaran con los oficiales de la DEA?

Pero por alguna extraña razón, la fuerza policial nicaragüense especializada en este tipo de labores de inteligencia y contrainteligencia fue disuelta de un plumazo por una orden presidencial emitida vía telefónica y ejecutada dócilmente por el comisionado Carlos Palacios, de probada lealtad orteguista.

¿Cuál es el miedo de que estos oficiales nicaragüenses se entrevistaran con los oficiales de la DEA? ¿Qué información tan peligrosamente comprometedora podrían brindar los investigadores nacionales a los estadounidenses, como para disolverlos abruptamente y hacer desparecer el grupo de manera oficial? ¿Qué tipo de acciones se están desarrollando en Nicaragua como para inducir al gobierno a tanto temor? ¿Pretende ocultar algo el Gobierno de Nicaragua al de los Estados Unidos?

Por dignidad, la renuncia de la señora Aminta Granera no debería hacerse esperar, si es que realmente todo lo acontecido se hizo a sus espaldas y aprovechando su ausencia del país. Sin embargo, el patriotismo también aconseja prudencia, que deberá expresarse en el justo y airado reclamo de doña Aminta, tanto ante sus subalternos como ante sus superiores.

Si las explicaciones no son satisfactorias, ni lo suficientemente transparentes como para que se ventilen ante la opinión pública, el deber profesional, moral y ciudadano de la señora Granera deberá emprender una denuncia oficial de los hechos, a nivel nacional e internacional. El costo de seguir encubriendo delincuentes podría ser muy alto para Nicaragua.

Nicaragua Hoy