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Por Fabio Gadea Mantilla - Q uerida Nicaragua: No sé quién sea el señor italiano Matteo Cardella Costa, a quien intempestivamente sacaron de su casa, sin darle tiempo siquiera a que llevara una segunda muda de ropa, lo condujeron —los soldados— a la Dirección General de Migración y Extranjería para luego montarlo en un vehículo, sin darle ninguna explicación, sin ninguna orden de captura, ni orden judicial alguna y llevándolo hasta la frontera de Peñas Blancas y dejándolo al otro lado, en Costa Rica, sin dinero y sin documento alguno con el cual identificarse, según la información ampliamente publicada en el Diario LA PRENSA en varias ocasiones.
No estoy defendiendo a persona alguna pues desconozco la clase de gente que son el italiano en mención y su padre fallecido. La información dice que el italiano padre era amigo de don Daniel, quien lo había nombrado, fuera de toda ley y toda lógica, embajador especial en la Arabia Saudita, o algo parecido, siendo que este señor italiano nunca fue a ese país, lo cual significa que debe haber recibido un salario fantasma y las prerrogativas propias de un diplomático. Esto es lo que se desprende de la información periodística.
Resulta que el señor italiano padre, el supuesto embajador, tenía 120 manzanas de apreciables tierras costeras en sociedad con un secretario de don Daniel de apellido Moncada Lau. El señor italiano padre muere y deja como heredero a su hijo, quien reclama la herencia que le dejó su padre.
Si este señor cometió algún delito la autoridad debería decirlo para justificar su detención y su expulsión del país. Pero resulta que han pasado varios días y las autoridades están sordas, mudas y ciegas.
El italiano en mención vivía en su casa de la Carretera Vieja a León, la que hoy está abandonada. Él está denunciando el hecho en San José de Costa Rica y poniendo su caso en conocimiento de las cortes internacionales.
Tenemos entendido que la Dirección General de Migración y Extranjería es un organismo dependiente del Ministerio de Gobernación. De manera que este Ministerio estaría obligado a dar alguna explicación, pero guarda silencio, se vuelve sordo, mudo y ciego.
La señora ministra de Gobernación, la primera comisionada de la Policía Nacional, el señor director de Migración y Extranjería, el señor vocero de la Policía Nacional, el señor procurador de los Derechos Humanos, el Ombusman, cuya obligación es defender al ciudadano de los abusos de las autoridades, todos guardan el más profundo silencio, como si no ocurriese nada. Se han vuelto sordos, mudos y ciegos.
No hay instituciones que protejan al ciudadano. El poder judicial, el poder legislativo, igualmente están sordos, mudos y ciegos, viendo cómo el ejecutivo hace lo que quiere, pasa por encima de los más elementales derechos ciudadanos y no dicen nada.
Solo el Diario LA PRENSA y la radio Corporación han informado como es su obligación y han denunciado el abuso cometido con este ciudadano de origen italiano, cuyo padre en mala hora vino a dar a Nicaragua, sin saber que al final de la historia su hijo sería víctima del danielismo.
Al final de cuentas pierde más el gobierno orteguista que el propio Cardella Costa. Expulsar en esa forma a un ciudadano desprestigia internacionalmente a cualquier gobierno.