Resulta  totalmente  imposible abrir las páginas de la prensa, hacer "zapping" en televisión, navegar  por Internet   o escuchar la radio  sin que nos encontremos con múltiples casos de corrupción, y sobre todo ahora cuando  al unísono arrancan diversos juicios sobre las tramas corruptas  y  desfilan ante los tribunales  "distinguidos imputados", que para mayor alarma social  son tan solo una parte exigua de los mas de 2000 incursos  en las   1700 causas  judiciales abiertas en la actualidad .Escandaloso referente  cuyo resultado sitúa a nuestro país en el pelotón de los más corruptos de la UE  a la vez de elevar  el coste  de las prácticas ilícitas  en materia de contratación  pública  a 48.000 millones de euros anuales, una cantidad sideral  cuya equivalencia viene a rondar  el 4, 5% del PIB. 

Tal situación  es indicativa de la nula  vocación de servicio público  y de la  total falta de confianza  en la democracia, de   quienes,  prevaliéndose de su cargo se adueñan de las instituciones  con la única finalidad  de anular el carácter servicial de la Administración, para así, postergando el  interés general dar cancha abierta a la viciada dinámica de su enriquecimiento personal. Prácticas que por inadecuadas alteran las reglas de juego  de la contratación pública al  socavar el   principio  de publicidad y concurrencia  que debe presidir todo  procedimiento de contratación administrativa, rompiendo así el marco de  igualdad hacia  aquellas  empresas  que  ejerciendo la actividad  mercantil de buena fe, como consecuencia de tales  prácticas se ven   seriamente perjudicadas en sus legítimos derechos    o en su defecto abocadas a la desaparición.

Los elevados niveles de corrupción  son la causa  de la pérdida de credibilidad manifestado por  la ciudadanía hacia las  instituciones  y los dirigentes de las mismas, una situación de desafección extrema que hace   que la sociedad deje de sentir que vive en una democracia y pierda toda afinidad con las personas que ha elegido como sus representantes.

Disparidad que cada día se hace mas notoria con  el  descubrimiento de nuevos escándalos como el  protagonizado esta misma semana por los munícipes valencianos del PP y la investigación por finananzas ilegales iniciada ayer mismo   por la Guardia Civil en la sede de los populares madrileños, que por su alcance,  aparte de ridiculizar la eficacia  de la  legislación  en materia de  regeneración  democrática, evidencia la falta de interés en el bienestar de los  ciudadanos por parte de quien a más de su  directa implicación política en los casos de referencia  insiste en   su empeño por hacerse con  la Presidencia del Gobierno,   incluso después de haber blindado a los suyos  frente a la judicatura.

La lucha contra la corrupción debe estar fundamentada en el prestigio de las personas que se dedica a la actividad pública y en la ejemplaridad de su conducta

Por tanto, este grave fenómeno convertido en la segunda preocupación de los españoles, tendrá imposible solución mientras la composición del Ejecutivo esté conformado, por los de siempre,    por las mismas personas que nos condujeron a a la actual debacle, pues toda  solución  para su efectividad pasa por aplicar cambios de verdad y no de boquilla, por poner   al frente del país un equipo renovado,   nueva sabía política  que por su integridad  y disciplina  hagan imposible el camino a los  fulleros sin escrúpulos  en su dinámica de  valerse de trampas y atajos para la consecución  de sus turbios objetivos.

Por este motivo y por higiene democrática  la actividad institucional debe tener en la lealtad  y la integridad  su referente de acompañamiento, no siendo de recibo por tanto,   que los sujetos connotados con casos de corrupción  tengan acceso al desempeño de  funciones de  representación institucional,  pues por buena praxis,   todo compromiso político con la gestión  pública debe estar basado  en  el principio de tolerancia cero para con  la corrupción, toda vez que la lucha contra esta pandemia debe constituir  un elemento esencial en la  forma de hacer política.   Siendo  por eso que 

De ahí  que en el actual escenario político  con un PP sumergido en una vorágine  de casos  de  corrupción, vinculados al cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas, la situación venga a confirmar  una vez más   la existencia de una red de financiación ilegal en el seno del  partido de la gaviota, cuyas consecuencias lastran todavía  mas   la burda  aspiración de Mariano Rajoy en su obstinación por   lograr su investidura, pues en esta coyuntura, toda alianza con los conservadores por su elevada  toxicidad  condiciona de manera determinante las opciones del PP para poder formar Gobierno.

Pasado más de un mes desde los comicios y ante  la continuidad de un Gobierno  en funciones  la situación exige con prontitud  poner rumbo a   la regeneración democrática y la conformación de un gobierno de progreso que blinde constitucionalmente las instituciones frente al agujero negro de una  corrupción sistémica,  de la que Mariano Rajoy por  acción u omisión  o por ambas causas no deja de ser  parte implícita.