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15/07/2017

Las víctimas del terrorismo deben tener idéntica consideración y reconocimiento, para que así, también la historia se vea dignificada con la memoria y no pervertida por la desmemoria

No mas tomar posesión del Ejecutivo, una de las primeras medidas que tomó Mariano Rajoy fue derogar de facto la ley de memoria histórica del 2007 que entre otros aspectos preveía ayudas para la localización y exhumación de los represaliados de la dictadura; utilizando como ardid para consumar su finalidad, excluir de consignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) partidas con las que afrontar la búsqueda de las víctimas de la represión franquista.

Cerrando de este modo todo reconocimiento y reparación a los 114000 desaparecidos durante la Guerra Civil y de su régimen de tiranía, y todo, porque a entender del máximo mandatario del PP, “no es de sentido común después de tanto tiempo seguir dándole vueltas al pasado”.

La actitud de desprecio hacia las víctimas del franquismo fue la tónica general, desde que el partido conservador ostenta la Presidencia del Gobierno, pues a pesar que el objetivo de la Ley es reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, lo cierto fue que no satisfecho  con no incluir ni un euro en las cuentas anuales, no dudo en regocijarse públicamente de su comportamiento de sedición obstruccionista, que además de vulnerar el propio marco legislativo infringe las determinaciones internacionales sobre el particular.

Un incomprensible proceder que se mire por donde se quiera, además de una conducta vituperable, es a todas luces un refrendo de condescendencia hacia el régimen anterior, un apadrinamiento impropio de demócratas.

Lo que parece no querer entender el jefe del Gabinete es que la manifiesta dejación de funciones y el deliberado incumplimiento de los deberes legales en el que está incurriendo con su ímproba conducta, raya en la obscenidad política, pues al sustentar apuestas ideológicas que contravienen el orden establecido, y al alimentar la división entre vencedores y vencidos está trayendo a la discusión pública temas que se creían superados.

Una situación que por su extrema gravedad no sólo pone en riesgo la convivencia pacífica, pues cuando a los familiares de las víctimas se les niega el derecho a encontrar a sus desaparecidos para poder cerrar el duelo, con tal proceder, no solo se está conculcando un derecho que les asiste, sino que se está impidiendo el más básico funcionamiento del Estado de Derecho.

Esa conducta refractaria a apoyar las víctimas republicanas, tiene su porqué en el mal inicio que tuvo la democracia, en el hecho de haber admitido pasar página sin obligar la expurga de trasgresiones y atropellos cometidas a lo largo de la dictadura, siendo ello la razón por la que cuatro décadas después de la muerte del dictador, los caídos del bando contrario, además de olvidados del Estado, sigan vagando el oscuridad más absoluta de la noche de los tiempos.

La derecha española como legataria del franquismo, ha decidido acudir en su auxilio y ejercer la función de cómplice de los excesos cometidos

Trato diametralmente opuesto al otorgado a la reaccionaria e involucionista Fundación Francisco Franco, para la que no se regatean fondos públicos a pesar de la perniciosa finalidad de su objetivo social, sin olvidar las no menos aberrantes pensiones vitalicias concedidas a los aviadores fascistas de la Legión Cóndor, por su actividad criminal, una retribución que se mantiene en el tiempo y que actualmente sigue pasando de padres a hijos, aún cuando, el origen de su instauración no fue otra que su colaboración con el alzamiento franquista para masacrar a los defensores del orden constitucional de la Segunda República.

Son estos hechos y la manifiesta vocación franquista del gobierno de Rajoy indicación suficiente para percibir, que para ellos, a pesar de la evidencia que representan las fosas comunes repartidas por toda la geografía española, las víctimas de la guerra civil no existen.

Eso al menos es la percepción de quien  como el Partido popular enmarca exclusivamente el terrorismo en el ámbito de ETA y del 11M, excluyendo de tal catalogación al auténtico terrorismo de Estado que se prolongó durante 40 años y además de teñir de sangre la historia del país vulneró desde principio a fin la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Está visto que la derecha española como legataria social e ideológica del franquismo, ha decidido acudir en su auxilio y ejercer la función de cómplice de los excesos cometidos por sus antecesores y afines políticos durante la época fascista, con la finalidad de tapar y escabullir responsabilidades en unos hechos que apestan a culpabilidad.

Ese que no otro es el motivo   de dar carpetazo a la Memoria histórica y de utilizar electoralmente una versión adulterada de la lucha antiterrorista usando como exclusivos protagonistas a las víctimas de ETA, que por lo visto se atribuye como propios el PP.

Sin reparar que ser demócrata conlleva ser antifranquista y oponerse al uso de la fuerza en el ejercicio del poder, disyuntiva difícil de conciliar, por quien, como ocurre con el partido de la gaviota, después de siete décadas siguen negándose  a condenar el golpe  de Estado fascista del 18 de Julio.

Conflicto que en tanto no se reconduzca, agravará todavía más la ya de por sí compleja situación política e impedirá que el país pueda avanzar hacia una verdadera reconciliación y consolidación democrática.

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