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25/08/2017

Tras una aparente democracia, persiste la relación entre el franquismo y la corrupción, que el régimen constitucional del 78 fue incapaz de erradicar, y desde donde, el poder empresarial y financiero maneja a una buena parte del poder político, y plenamente al PP

 Si en víspera de vacaciones en foro judicial el presidente Rajoy incurriendo una vez más en impostura, negaba tener conocimiento sobre la financiación ilegal de su partido; a nadie debe extrañar que un mes después ante lo incierto de lo allí declarado se vea obligado a iniciar el curso parlamentario enmendando el alcance de sus declaraciones, compareciendo al efecto en la sesión extraordinaria que a finales de agosto celebrará el Pleno del Congreso por determinación mayoritaria   de la Diputación Permanente.

Cuando está más que acreditado que el PP en sus treinta y tantos años de andadura incurrió de forma reiterada en prácticas políticas inadecuadas, no es de recibo que su máximo mandatario después de desempeñar con anterioridad   entre otros cargos, la función de director y organizador de campañas electorales, tenga la desfachatez de aducir desconocimiento sobre el ejercicio de sus funciones y manifestar no saber nada sobre la financiación ilegal de su partido, como tampoco sobre la reforma con dinero negro de su actual residencia política en Génova 13.

Por mas prácticas de desorientación que utilice,    lo cierto es   que en el seno del PP la transmisión entre corruptores y corruptos durante el periplo democrático es tan antigua como la historia del propio partido, pues su escasa vocación democrática indujo desde siempre su tendencia al dopaje electoral, y con ello, a superar las limitaciones del patrocinio público de financiamiento político, una cortapisa soslayada  con la apertura a la financiación privada, aún sabiendo que su utilización  era contraria al control de los mecanismos establecidos en la ley, pero que la formación conservadora transigió desde siempre acogiéndose a su flaqueza moral

Restar relevancia al problema, o como dice Rajoy, devaluar su dimensión aduciendo que se trata de asuntos puntuales, es negar la evidencia que la corrupción sistémica ha sido una constante desde la aprobación de la Constitución española de 1978, y que para mayor complejidad como rasgo básico de la dictadura franquista, subsistió invariable a la dinámica conciliadora de la transición, y por tanto, hunde sus raíces en aquella época, en la cultura empresarial de aquel tiempo y en la genética de la clase política de entonces, de la que el PP es actualmente su directo heredero y receptor de los   malos hábitos de aquella Administración pretérita.

De ahí que la corrupción que exhala el PP no resulte nada nuevo, por ser la reproducción actualizada de aquellos tiempos que con idéntico modus operandi y análogas prácticas mantiene invariable su finalidad, que no resulta ser otra que utilizar el poder político para “previo peaje” poner su organización al servicio de los intereses de las grandes empresas, favoreciendo a la vez que los grupos   económicos de postín se apropien de los recursos públicos ya sea a través de pactos lucrativos, exenciones de impuestos, concesión de subvenciones, o la regalía a bajo coste de empresas públicas rentables, prácticas estraperlistas que para nada revierten en ventaja del interés público, pero como queda visto, sí como activo y fuente de financiación política.

A Rajoy hay que apearle de la Presidencia del Gobierno, por su implicación en la corrupción y haber faltado a la verdad en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional

Es por eso que el elevado nivel de corrupción y su lesiva influencia constituye una grave lacra para el funcionamiento de nuestra economía y un impedimento para su recuperación; pues la dominante falta de ética en el mundo de los negocios guarda conexión directa con los escándalos protagonizados asiduamente por conocidas empresas y empresarios del país, que metidos hasta las cejas en el embrollo, no reparan en seguir financiando ilegalmente a políticos   sin entrañas y a sus partidos, a costa de lograr en contrapartida seguir traficando con lo indebido y mil excesos mas, es decir, haciendo del fraude y el soborno su código de actuación mercantil.

Extravíos de conducta de unos pocos que por el silencio cómplice del resto, la opinión pública tiende a uniformar y extender al conjunto del estamento empresarial, hasta el extremo   de convertir tal sentimiento en una de las principales preocupaciones sociales, pues cuando el desprecio por  la legalidad se hace dueño de la situación la reacción de rechazo se generaliza sin diferenciar comportamientos  entre buenos o malos empresarios

Tal percepción de analogía se debe a la actitud de parcialidad  de los dirigentes de la patronal, que posicionados en su conjunto con el sector proclive a la consecución de cota de negocio mediante la utilización de relaciones e influencias políticas, siguen favoreciendo la turbiedad de estas prácticas en perjuicio de la actitud de los empresarios honestos, que además de cumplir taxativamente con las obligaciones estipuladas, generan empleos y actúan en todo momento con plena responsabilidad social.

Razón sobrada para que las   cosas no puedan seguir como están, y que obliga la drástica medida de expurgar de la contratación pública a los corruptores que con sus mala praxis mantienen el dominio de la estructura empresarial; requiriendo la situación idéntica limpia en el numeroso gremio de corruptos políticos, como única fórmula de reconducir la actual deriva y propiciar la   necesaria  regeneración.

De ahí que en consecuencia   la comparecencia de Rajoy,    deba tener por premisa apearle   de la Presidencia del Gobierno, por su implicación en los hechos y haber faltado a la verdad en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, pues de seguir contemporizando, sin tomar medidas acordes a lo que la situación demanda, manteniéndole en el cargo, será materialmente imposible reconducir el país hacia la senda del prestigio y a su rehabilitación.

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