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02/06/2017

Por su inacción ante la corrupción y la avalancha de nuevos casos que involucran a destacados miembros de su partido, un Rajoy sin credibilidad para liderar el Gobierno, acorralado y sin salida, escudriña su mas que probable inhabilitación

Tres décadas después de ser aprobada   la primera ley de financiación de los partidos políticos, la norma sigue transigiendo que las “fundaciones políticas” perciban donativos provenientes del ámbito empresarial, aun cuando en la mayoría de los casos, la condición de los donadores coincida con la del contratista que desempeña su actividad en la administración pública: Siendo tan sincrónica permisividad el subterfugio que allana el camino a la corrupción, y conduce a un partido con responsabilidades de gobierno como el PP, no solo a estar incurso en dopaje electoral, sino también, a ser acusado en los tribunales de haberse financiado ilegalmente.

Pasado el tiempo y vista la propagación exponencial de esta lacra, todo viene a confirmar   que en el propio contenido del marco legal reside la trampa; pues a pesar .de ser modificado en tres ocasiones durante su vigencia, lo cierto es que el conjunto de variaciones habidas, mas que incluir medidas coercitivas a la propagación de actuaciones corruptas, consistieron en reproducir operaciones de maquillaje que tras una transigida simulación mantuvo abierta la vía para el cuele de la corrupción. Las restricciones introducidas que teóricamente afectaban a la financiación de los partidos políticos, no fueron extensivas ni de aplicación a sus fundaciones, quien en función diferida y como tapadera son actualmente las receptoras de mordidas compensatorias de la irregular adjudicación de obras y servicios de las administraciones públicas, y por tanto, la rendija empleada para la financiación ilegal, que salvo Podemos, utilizan con mayor o menor intensidad  el resto de las formaciones políticas.

Mas que estar resuelto, el sistema legal de financiación de los partidos políticos sigue siendo una asignatura pendiente, una caudalosa   fuente de escándalos que además de causar involución y perversión, posibilita que una alcurnia política de extraviada moralidad se sitúe por encima de las instituciones, ocasionando con ello que las decisiones adoptadas por estas, provengan de inferencias antepuestas convenidas por el partido que las gobierna con quienes sufragan ilegalmente los costes de funcionamiento de su organización política, en contrapartida, a tratos de ventajas y protección de sus intereses, aún siendo tales, diametralmente opuestos a los generales de la ciudadanía. Prácticas condescendidas tácitamente por el PP, pero que al igual que son rechazadas en bloque por el conjunto de la sociedad, del mismo modo son vistas con suspicacia  por parte del   Consejo de Europa, quien a través de un demoledor informe en relación a la transparencia en la financiación de nuestros partidos políticos, incrimina a las autoridades del país, no haber   mostrado interés real y efectivo en   darle un cambio de rumbo a la situación, y si a lo expuesto añadimos el resultado del índice de percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía, cae de cajón que a nuestro país se le va de talla la etiqueta de estado social y democrático de derecho que tienen atribuido.

Aun cuando los partidos políticos son los principales instrumentos para que la democracia se haga patente, no es menos cierto que para representar y defender los valores que enarbola la Constitución debe ser condición sine qua non que sus miembros sean ejemplo de honradez e integridad, pues, no resulta de recibo mantener al frente del poder a representantes que tengan bajo sí el atisbo de sospecha de la corrupción, ni a organizaciones cuyos intereses se han revelado opuestos a la defensa del bien común.

La función política no puede dejarse a merced de corrompidos, ni tampoco, en manos de individuos sin escrúpulos

De ahí la urgente necesidad de endurecer el contenido del marco legal como único remedio de poner límite a una situación de veinte años de deterioro continuado, pues cuando la represión penal por cuestionable se antoja insuficiente, lo suyo es fomentar la prevención efectiva, que pasa por truncar la utilización de las instituciones y sus medios en propio beneficio; promoviendo al efecto llegado el caso, un proceso de ilegalización que prohíba taxativamente al partido implicado el desempeño de la función política y obligue su disolución.

La actividad política es sin duda alguna uno de los aspectos más fundamentales de la vida de las personas, por su directa relación con la totalidad de las particularidades que conforman su realidad cotidiana, una función por tanto que por su elevado nivel de responsabilidad no puede dejarse a merced de corrompidos ni tampoco en manos de personas sin escrúpulos, y que por su relevancia, más que favorecer actitudes de pasotismo, exige educar a la gente para que conscientemente se implique en el quehacer de sus representantes y levanten la voz ante conductas de corrupción, pues sobra decir que de la estabilidad política del país depende la de su propia ciudadanía.

Una llamada a la responsabilidad en actitud contrapuesta a la mantenida por Rajoy, quien estando al frente de su formación política y del propio Ejecutivo, ahora dice no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en su entorno, mientras los subordinados a su cargo saqueaban las arcas públicas, blanqueaban dinero a espuertas, amañaban contratos o se llevaban millonarias comisiones; delitos cometidos a pesar de su directa obligación de velar que no ocurrieran y que por tanto al no proceder con la debida diligencia permitiendo su consumación, lo suyo más que mas que citarlo a declarar como testigo exige su total inhabilitación para el desempeño de cargo público

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