Por Edmundo Jarquín

La bestialidad con que un grupo de “dirigentes” de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN) atacaron -con pistolas, palos, piedras- a otro grupo de estudiantes, imagen que quedó registrada en fotos y tomas de TV, ha causado estupor e indignación en la ciudadanía. No podía ser menos.

El único pecado de los agredidos fue reclamar, en nombre de miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), de Managua, la reanudación de clases que está siendo impedida por un grupúsculo de estudiantes Orteguistas.

El hecho ha reabierto el debate sobre el 6% del presupuesto constitucionalmente asignado a un grupo de universidades, la gran mayoría públicas, y sobre el propio significado de la autonomía universitaria. De ese 6%, algunas universidades no rinden suficientemente cuentas a la sociedad, falsamente amparados en la autonomía universitaria.

Quisiera agregar otro ángulo a la discusión. Estudios empíricos de gran reputación realizados en numerosos países, han demostrado que no hay mejor manera de impulsar el crecimiento económico con equidad, es decir con beneficios ampliamente repartidos entre toda la población, que la educación de calidad.

La educación pública de calidad es el piso de la democracia y del desarrollo. Yo soy producto de la educación pública. Desde que en febrero de 1960 terminé la primaria en la Escuela Francisco de Miranda del Ocotal, de la mano de ejemplares profesores como Carlos Tercero, Alejandro Granados, Fidelia Díaz, entre otros, y del celo de mi madre Chepita Jarquín, quien también fuera maestra de primaria y que vigilaba mis tareas todas las tardes-, soy un ferviente defensor de la educación pública, pero de una educación pública de calidad como la que a mi me abrió muchas oportunidades en la vida. Y cuando en Nicaragua, a diferencia de los pactos prebendarios de poder que conocemos, hayan condiciones para un verdadero pacto social, impulsaré como primera prioridad un acuerdo que garantice educación pública de calidad para todos los nicaragüenses.

Pero diferente es el caso de quienes en algunas de las universidades públicas han hecho de los recursos que se le asignan una fuente de poder político e, incluso, de negocio, en detrimento de la calidad de la educación de los más pobres que solamente pueden acceder a esa educación pública. Esto es condenar a los pobres a seguir siendo pobres, y en nombre de la “justicia social” que dicen defender, promover la desigualdad.

Porque, total, los que pueden económicamente irán a la educación privada que les ofrece más calidad, y consecuentemente tendrán más oportunidades. No se les puede reclamar, ni culpar. ¡Pero qué infamia la de quienes en nombre de los pobres les condenan a mayor pobreza!

Es un verdadero secuestro

Precisamente en la semana que termina se presentó en Madrid, en presencia de la muy popular y respetada expresidenta de Chile, Michele Bachelet, la segunda edición del Índice de Oportunidades Humanas (IOH). En tal ocasiòn, el Director de Programas de Reducción de Pobreza del Banco Mundial (BM) en América Latina, el argentino Marcelo Giugale, abogó por favorecer el desarrollo de la región mediante el fomento de mejores oportunidades educativas para los jóvenes.

El IOH es un índice que refleja qué porcentaje de las circunstancias personales -como el lugar del nacimiento, la riqueza familiar, el género y el acceso a la educación de calidad, entre otras- determinan el futuro de las nuevas generaciones.

Lo cierto es que todos los intentos de Ortega por dar credibilidad y legitimidad a las elecciones del 2011 bajo sus términos y condiciones, han fallado

No sorprende que el IOH para América Latina de 2010 lo encabece Chile con 96 puntos sobre una escala de 100, y que muy cerca se encuentren países como Uruguay y Costa Rica. Tampoco sorprende, lamentablemente, que al final de la nómina estén los otros cuatro países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, ocupando nuestro país el penúltimo lugar.

Digo que no sorprende esa lamentable posición de nuestro país en el Índice de Oportunidades Humanas, porque tan solo ayer leía en el Diario La Prensa el artículo de una Profesora de Ciencias de la Educación de la UNAN-Managua, en el cual decía que “de 22 mil estudiantes que tiene la universidad pública más grande de Nicaragua, la UNAN-Managua, estoy segura de que 21 mil desean estar en las aulas de clases para recibir el pan del saber.”

Es decir, menos del 5% de estudiantes, dizque sandinistas, tienen secuestrados al 95% restante, y, de paso, tienen secuestrado el futuro de Nicaragua. ¡Esto no puede seguir!

Después que no hablen de conspiraciones

Los hechos de violencia protagonizados en el recinto universitario por las turbas Orteguistas, y las complacientes declaraciones de las autoridades universitarias de la UNAN-Managua, ocurrieron justo cuando se encontraban en Nicaragua, documentando la situación de la democracia y los derechos humanos, delegaciones del Centro Carter, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Cuando los informes de esas delegaciones se conozcan, y esos informes no podrán evadir lo que atestiguaron de primera mano, y se sientan las consecuencias en la comunidad internacional de los mismos, que no venga el gobierno a hablar, como siempre lo hace, de conspiraciones internacionales.

Son los hechos, y no las conjuras de nadie, las que alzan su dedo acusador.

Recursos que se agotan

Otro hecho de la semana que revela el desenfreno antidemocrático del gobierno, fue el ridículo intento de dos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de despojar de inmunidad a una gran cantidad de diputados porque están procesando una ley que deroga el inconstitucional decreto del Presidente Ortega, prorrogando en sus cargos a magistrados y contralores.

Es tan ridículo el esfuerzo, que solamente viene a corroborar que todos los recursos que ha utilizado el gobierno en los últimos seis meses para tratar de establecer la candidatura de Ortega en el 2011, están totalmente agotados en su credibilidad nacional e internacional.

El remedo de sentencia de octubre pasado de parte de la Sala Constitucional, autorizando la reelección, está agotado.

El decretazo de enero prorrogando en sus cargos a magistrados y contralores, está agotado.

El intento de interpretación dando vigencia a un artículo transitorio de 1987, está agotado.

Y el último remedo de decisión de los mencionados dos magistrados, no pasa de eso, remedo, un remedo más., y los compromisos de Metrocentro II, han resultado más realidad de la que se le pudo vaticinar cuando se suscribieron.

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nicaraguahoy.info