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Los otros funcionarios

24/08/2012 12:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Este séquito de eventuales nombrados a dedo, son una fuerza de choque que sus valedores potencian para acabar con los funcionarios de casta como colectivo heterogéneo

Ni estado de derecho, ni estado de excepción; ni lo uno ni lo otro. En la actualidad el modelo característico que rige nuestro destino atiende a un novedoso formato que podríamos acuñar con la denominación de Estado de Imposición, en correspondencia a la teoría de su afianzamiento, consistente en acompañar toda acción política, toda medida legislativa, por un componente impositivo encubierto.

Esta práctica desconcertante, pone de manifiesto que la clase política tiene colmado la cobertura de sus necesidades en razón a la percepción de sus prestaciones, que por abultadas, aparte de insolidarias, extravían el análisis de su patrón de referencia, motivando en ellos una engañosa apreciación de uniformidad alcanzando a confundir el factor de equivalencia entre la potente capacidad de su renta y la limitación retributiva que percibe la mayoría social.

Así a juzgar por los hechos, en nuestro país donde tenemos más políticos por habitante que ningún otro país de la Unión Europea, los 76.895 cargos electos de tan amplia familia, por notoria deformación demuestran encontrarse fuera de la realidad, no siendo conscientes al parecer, de la sustancial diferencia entre su ventajoso estatus y la desfavorable realidad mayoritaria, cuya principal característica se corresponde con la severa estrechez que produce el salario mínimo de un creciente enjambre de parados, o en el mejor de los casos, con la ceñida capacidad del sueldo mileurista de los supervivientes del tsunami del desempleo.

Claro que tal interpretación no deja de ser una expresión indulgente, una opinión condescendiente con las actitudes del gremio político, pues la realidad de los actos apunta cosa distinta, con el símil de una pieza escénica donde la indecencia del poder toma papel protagonista.

Si así no fuera, antes de meter la mano en la cartera del ciudadano, o previo a la aplicación de las adversas políticas de recortes, el ejecutivo de Rajoy, en primer término, estaba obligado a someter al Estado a un estricto plan de adelgazamiento, eliminando toda repercusión financiera a pro de partidos políticos, sindicatos y patronal, como también tendría que suprimir de raíz, la desaforada cuantía de cargos públicos y puestos superfluos de cientos de miles de enchufados que viven a cuenta del erario público.

Paradójicamente mientras se prodiga la "opresión fiscal", en tanto, la descapitalización de la economía doméstica se acentúa y la merma de poder adquisitivo de las familias se hace cada día mas ostensible, el nuevo inquilino de Moncloa, en vez de frenar excesos y apostar por la moderación, prorroga el ritmo de incontinencia del gasto público. Tal es así, que borrando de la memoria las críticas a su predecesor sobre dispendio en materia de asesores, en un alarde de incongruencia, incrementa la cuantía de sus consejeros personales hasta alcanzar los 632 miembros actuales, con la inmoral ostentación que tal decisión acarrea.

Antes de meter la mano en la cartera del ciudadano, el ejecutivo de Rajoy, en primer término, estaba obligado a someter al Estado a un estricto plan de adelgazamiento,

Pero el colmo con mayúsculas de la desfachatez del PP, reside en mantener a los 368.673 políticos que por designación directa, son empleados en todo tipo de organismos y a todos los niveles de la administración, convirtiendo al nepotismo en el nuevo sistema de oposición y a la función pública en la gran agencia de colocación de la clase política.

Este Séquito de eventuales nombrados a dedo, forman un entramado clientelar, una fuerza de choque que sus valedores potencian con el solo objetivo de acabar vía suplencia con los funcionarios de casta como colectivo heterogéneo, para así, controlar a su libre albedrío el funcionamiento del aparato administrativo del Estado, sin sometimiento a la disciplina que imponen quienes por vocación al servicio público tienen por oficio exigir a la clase política el pleno cumplimiento de la ley y el derecho. Regla sin hábito de observancia de una clase política que no pone reparo alguno en liberar a sus afines a costa de las arcas públicas.

Por esa correspondencia de alianzas, esta guardia pretoriana, tiene estatus seudo político sin sujeción a imperativos de restricción salarial ni a eliminaciones de derechos repercutidos a la oficialidad funcionarial.

El carácter de normalidad otorgado a la liberación de este ejercito de enchufados innecesarios, además de suponer un atraco descarado al interés general, tiene la condición de un ejercicio de cinismo político intolerable. Pues al amparo de una petición de sacrificio colectivo para paliar los avatares de la crisis, tras la aplicación de medidas impositivas excepcionales que sitúan al limite la capacidad de los contribuyentes, descubrimos atónitos que existe otra realidad de destino, otra finalidad distributiva cual es seguir manteniendo un montaje inútil con la única finalidad de proteger a chupatintas y vividores.

La solución pasa por devolver a los funcionarios su legitimidad y derechos, y a este séquito de intrusos impresentables, devolverles también, pero al corral político de donde nunca debieran haber salido.


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Galdo Fonte (465 noticias)
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