No es que la ley electoral de 1985, denomine de  forma explícita  el día  anterior  a  las elecciones  como jornada de reflexión, pues tal etiqueta  es una designación coloquial  al margen del marco jurídico como formalismo definitorio  de   este vestigio de la Transición de inútil vigencia  en la actualidad, pues a tiempo presente  la  comunicación política no es solo cosa de mítines y medios de comunicación tradicionales, por cuanto tales formatos  de difusión se han visto superados  por la mas avanzada tecnología de la  era digital.

Una situación  que a pesar de su notoria complejidad, ninguna  de las fuerzas políticas   mayoritarias tomó conciencia del alcance  de sus efectos, como pone de manifiesto  su negativa  a adaptar la ley electoral a las nuevas tecnologías, cuando en  el 2011 se llevó a cabo por última vez la reforma del régimen electoral (Loreg). Motivando  tal circunstancia,  que de partida,   la nueva    ley  perdiese todo  sentido efectivo al  no  incluir en  su contexto el  cambio tecnológico, cuya consecuencia prorrogó en el tiempo el anacronismo de mantener la continuidad  de las restricciones primigenias mas propias de  una democracia recién estrenada, contra  la desregularizada  operativa de un poder de difusión infinito como resulta ser internet.

Es por eso que seguir otorgando    a la jornada de reflexión función clave en el contexto del proceso electoral  cuando ni tan siquiera  se ha dado el primer paso  para enfrentarse a la asincronía de la era digital, mas que un ejercicio de consecuencia política son  ganas de magnificar  el simbolismo de lo obsoleto  y negarse a evolucionar, un insólito  proceder que a todas luces  mantiene en entredicho la eficiencia  de la función adjudicada a este  día.

Pues más que cumplir  la función reguladora de la calidad democrática que sus defensores  le atribuyen, la  verdadera finalidad  que se persigue manteniendo la  absurda prohibición de hacer política durante 24 horas antes de la jornada electoral, no es otra,  que  fijar en la mente del elector   el mensaje  de lo inmediato para así cortocircuitar el pretérito político  y la perjudicial influencia del mismo en el sentido del voto. Riesgo  que optaron por evitar  en mutuo acuerdo los miembros del bipartidismo,  siendo por ello que a estas alturas siga sin darse  un debate real sobre la necesidad de anular formalmente  este veto electoral, cuyo carácter arcaico, inútil y sin sentido , facilita prácticas poco ortodoxas en la esfera   de ciertos segmentos del electorado, al igual  que  poco recomendables  interpretaciones.

No obstante  el demandado apagón de esta veda electoral  no ha de interpretarse  como sinónimo de renuncia al recomendable ejercicio de reflexionar sobre la función política, sino al hecho de tener que hacerlo por decreto, o llevados  por la  incoherencia de  una   Ley Electoral sobrepasada por los acontecimientos, porque si así procediésemos, además de incurrir en un contrasentido  estaríamos  sustentando  una  inercia que mas pronto que tarde está abocada  a desaparecer.

No tiene sentido alguno que sigamos destinando la víspera electoral a reflexionar sobre falacias

Siendo por ello que  la jornada de reflexión, como  artificio  paternalista del legislador de la Transición en su propósito de proteger al ciudadano del asedio publicitario en la víspera de los comicios, desde su origen  dejase de cumplir el objetivo  de su finalidad  al ser esta disciplina legal en  si misma un completo contrasentido.

Lo es,  porque el presunto   silencio político y mediático que escolta  a esa   reflexión recae integralmente en los  programas electorales de las fuerzas políticas concurrentes, cuyo contenido no pasa de ser un mero referente de insolvencia, papel mojado que no sirve absolutamente para nada, pues al no existir una regulación sobre los mismos, cualquiera puede prometer lo que se le antoje porque los candidatos saben de antemano que si no lo cumple no en incurren en infracción legal, y mucho menos, contraen responsabilidad de tipo alguno.

Por eso a estas alturas, es de confirmar  que no tiene sentido alguno  la aplicación de tal cautela,  de ahí que seguir destinando  la víspera electoral a cavilar sobre  las mentiras y medias verdades difundidas por las fuerzas políticas  en su publicidad  electoral no pasa de ser un completo desvarío, criterio que  mantengo  sin excederme  un ápice  de  las limitaciones que para esta jornada impone el marco legal.

 Ante semejante tesitura es obvio que la verdadera reflexión está servida, situación que apelando al sentido común debe dirigir su orientación  al cambio de singladura política, pues solo desde esa perspectiva se podrá afrontar con solvencia la reforma electoral que la  situación exige,   y atemperar  entre tanto la aplicación rigorista de la jornada  de reflexión  utilizando lo expresamente  incuestionable de la misma.

No siendo este afirmación una incitación a bordear el marco legal, sino un emplazamiento a la sensatez para adecuar su contexto a la realidad de los tiempos y superar con ello el actual estado de ridiculez que su aplicación induce.