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Desacato y desplante de Colombia - Por Silvio Avilez Gallo

28/11/2012 10:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Por Silvio Avilez Gallo, Ex embajador Silvio Avilez Gallo, poeta y doctor en Ciencias Políticas / RNH

El fallo del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de las Naciones Unidas, puso fin a la controversia que durante muchísimos años enfrentó a Nicaragua y Colombia a propósito de territorios y delimitación marítima que ambos Estados reclamaban como propios en el Caribe. La sentencia de la CIJ vino a zanjar, de manera definitiva e inapelable para los dos países, la prolongada disputa que habían sostenido.

Es natural que el pronunciamiento del alto tribunal internacional haya dado lugar a diversas reacciones en las partes involucradas porque la sentencia no satisface el 100% de las pretensiones tanto de Colombia como de Nicaragua, pero ambos países, al recurrir a la CIJ, se comprometieron a aceptar lo que la Corte decidiera, como lo estipula el numeral 1 del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, al establecer que "Cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte".

El fallo de la CIJ fue acogido con satisfacción en Nicaragua, que logró finalmente que dicha instancia le reconociera la soberanía sobre su plataforma continental y delimitara su frontera marítima en el Caribe, no obstante que no obtuvo el reconocimiento de sus pretensiones sobre algunos cayos e islotes enclavados en su plataforma continental. En Colombia, en cambio, la decisión de la Corte no sólo no fue bien recibida sino que incluso fue rechazada por el Presidente Santos y el gobierno de ese país. Esta postura contraviene el compromiso que ambos países asumieron al someter su litigio a la decisión de la Corte. No obstante los anuncios del mandatario sudamericano de buscar algún tipo de revisión del fallo (a pesar que por definición es inapelable y de ineludible cumplimiento), su actitud de rebeldía ha hecho quedar muy mal parada a Colombia ante la opinión pública internacional y constituye un gravísimo atropello al derecho internacional, que se basa, entre otras cosas, en el respeto a los compromisos adquiridos y pone en jaque la estabilidad de la comunidad jurídica internacional.

No deja de sorprender esta actitud del gobierno colombiano, que ha anunciado, por boca de la Canciller Holguín, que su país, siguiendo el precedente sentado por Venezuela, estudia retirarse del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948 al término de IX Conferencia Interamericana de la O.E.A. y conocido también como Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. Le faltó agregar que Colombia denunciará también la parte pertinente del Capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 33 se refiere al Arreglo Pacífico de Controversias...

Colombia ha basado su argumentación y sus pretensiones sobre los derechos que Nicaragua posee sobre su territorio continental, marítimo e insular en el Caribe en pretendidos derechos que el Rey de España concedió al entonces Virreinato de Santa Fe en una ordenanza de 1803, cuando por intrigas del gobernador O´ Neil logró que el soberano español colocara bajo la protección del Virreinato el territorio de la costa centroamericana de las entonces provincias de Nicaragua y Costa Rica (integrantes de la Capitanía General de Guatemala) y las islas adyacentes del Mar Caribe, azotadas por la acción vandálica de piratas ingleses. Al enterarse el Capitán General de Guatemala de lo sucedido, gestionó ante el Rey de España la anulación de la ordenanza de 1803, lo que obtuvo finalmente mediante otra ordenanza de 1806, que dejó sin efecto la primera. Huelga decir que al tratarse de territorios de la corona española, la adjudicación temporal (1803-1806) de la defensa de un territorio a otra jurisdicción para su mejor protección contra la acción de los piratas, no entrañaba de ninguna manera una trasferencia de soberanía.

Asimismo, aprovechándose de la ocupación militar de Nicaragua por fuerzas de los Estados Unidos de América, Colombia se movió astutamente para lograr la suscripción del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra en 1928 por el que Nicaragua renunció a su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a cambio del reconocimiento colombiano de la soberanía de Nicaragua sobre su propio territorio continental en el Caribe (¡!) Pero dicho tratado jamás definió o estableció la frontera marítima en el meridiano 82 entre Nicaragua y Colombia, como este país lo interpretó arbitrariamente, y sobre esta pretensión ejerció de hecho derechos de soberanía sobre el territorio marítimo que legítimamente pertenecía a Nicaragua. Esto fue confirmado por la CIJ en su sentencia de 2007, cuando reconoció la validez del Tratado de 1928 en relación con la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al tiempo que determinaba que el meridiano 82 no constituía la frontera marítima entre ambos países y se declaraba competente para determinarla en un futuro fallo.

En cuanto a los cayos de Rocador, Quitasueño, Serrana y otros, la Corte decidió en su sentencia de 2012 adjudicarlos a Colombia, con el argumento que ese país había ejercido soberanía sobre ellos, cosa que Nicaragua nunca hizo ante la evidente superioridad militar de Colombia, la cual ha sido invocada nuevamente por el Presidente Santos para amedrentar todo intento de Nicaragua por hacer respetar su soberanía marítima.

Como siempre, los fuertes se aprovechan de los débiles y a éstos les corresponde pagar los costos de los intereses de otras potencias, sobre todo cuando una de ellas es nada menos que los Estados Unidos de América. Dicho país había negociado infructuosamente, en el último cuarto del siglo XIX, con el gobierno colombiano el proyectado canal interoceánico por Panamá, a la sazón parte integrante del país sudamericano. En vista de la urgencia de construir dicha vía a la brevedad posible, el gobierno del presidente Theodore Roosevelt, uno de los máximos exponentes del imperialismo estadounidense, fomentó el separatismo panameño en 1903, reconoció de inmediato la independencia de Panamá e impidió, mediante la presencia de naves de guerra en aguas del nuevo Estado, que Colombia tratara de sofocar la revuelta de su provincia ístmica. De más está decir que el nuevo gobierno panameño suscribió de inmediato el tratado canalero con los EE.UU. y la vía interoceánica se inauguró en 1914.

Con posterioridad, y para aliviar cargos de conciencia por lo ocurrido en 1903, Washington negoció mediante tratado una compensación a Colombia y "generosamente" le cedió la soberanía sobre los cayos del Caribe ubicados en la plataforma continental de Nicaragua, soberanía que nadie le había otorgado y que ejercía de facto, pero dicho instrumento fue reconocido como válido por la CIJ cuando decidió adjudicar los cayos a Colombia.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en 1982, estableció todo lo relativo al mar territorial y plataforma continental. Nicaragua basó su reclamo ante la CIJ con base en lo que dicha Convención dispone al respecto, pero Colombia ahora afirma que no es parte de este instrumento internacional para negarse a reconocer el fallo de la CIJ. Curiosamente, Colombia ha suscrito tratados de delimitación marítima con Honduras, Costa Rica, Panamá y Jamaica, pero no con Nicaragua, porque siempre sostuvo que la frontera marítima con este último país era el meridiano 82. Como hemos visto, este argumento fue rechazado por la CIJ en su fallo de 2007 y la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia quedó definitivamente trazada en su sentencia de 2012.

En vista del desacato en que ha incurrido Colombia y la desafiante y bravucona postura asumida por el presidente Santos, a Nicaragua no le queda más recurso que acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer valer sus derechos y exigir la plena vigencia y ejecución del fallo, en consonancia con lo que dispone el numeral 2 del artículo 94 de la Carta de la O.N.U., que literalmente establece: "Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer las recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo".

Mientras tanto, el desacato de Colombia ha dado pie para que dos países "hermanos" de Centroamérica --Honduras y Costa Rica-- anuncien que estudiarán detenidamente el fallo para ver si el territorio marítimo en el Caribe atribuido a Nicaragua por la Corte de La Haya no menoscaba sus intereses en la zona. En río revuelto, ganancia de pescadores...

El acto convocado por el Comandante Ortega en la Plaza de la República para informar a la ciudadanía lo dispuesto por la Corte de La Haya, con la participación de ex Mandatarios y ex Cancilleres, constituyó una muestra de la unidad nacional que tanto necesita Nicaragua. La única nota discordante fue la utilización del pabellón nacional como elemento decorativo intercalado con banderas rojinegras, en violación de lo que establece la Ley sobre Características y Usos de los Símbolos Patrios de agosto de 1971, que claramente determina el lugar que debe ocupar la enseña patria: la derecha, cuando el pabellón está solo, o el centro, cuando figura junto a los emblemas nacionales de otros países.

¿Será, por ventura, que el actual gobierno ha dispuesto que los colores del FSLN tienen igual jerarquía que el pabellón nacional y deben figurar en todo acto oficial?

23 de noviembre de 2012


Sobre esta noticia

Autor:
Lavozdenicaragua (111 noticias)
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lavozdenicaragua.blogspot.com
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Reportaje
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