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Corrupción a la carta

29/09/2012 10:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Para desterrar la corrupción de la vida política hay que erradicar de origen las decisiones fundadas en la discrecionalidad y sujetarse estrictamente a medidas cimentadas en criterios objetivos al margen del imperativo político

En el sector público el ordenamiento jurídico en materia de contratación, de ser el referente formal que tendría que garantizar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia en las relaciones contractuales entre entes públicos y contratistas, a pesar del meritorio espíritu de su finalidad, la realidad de los procedimientos para nada es reflejo de su contenido normativo.

Así, lejos de que su aplicación satisfaga el propósito de sus objetivos, por la influencia negativa de la mala praxis de los agentes interventores, se afianza una tendencia viciada que detrae de su contexto toda eficacia, para propagarse como mancha de aceite que convierte su aplicación en una práctica resbaladiza, en una situación apropiada para que fluyan los casos de corrupción con la implicación de autoridades y servidores públicos.

Profusa dinámica, que esta vez en forma de trama corrupta repite sucesión escénica en Galicia, en sarcástica coincidencia con las elecciones a la comunidad autónoma. Eventualidad que invita a meditar al votante y preguntarse, si en su toma de decisión, acertará en acreditar el distingo existente entre la honorabilidad de un candidato y la desvergüenza de un corrupto, o tal vez a concluir, que tales reparos forman parte de lo imprevisto, y que por consiguiente son factores que como elector ha de asumir con cargo al riesgo y ventura de la siempre imperfecta democracia.

Es evidente que en este país no perdemos ocasión en afianzarnos en el negativismo, siendo significativo, que desde la instauración democrática los escándalos por corrupción mantienen una gráfica en permanente ascenso, es decir, cada día son más quienes practican estas actividades delictivas. Tendencia creciente a pesar de la mudanza de signo contrario que ha afectado a las actividades gestoras que prodigaron su turbia proliferación, como resultan ser el urbanismo y las transferencias o subvenciones de recursos públicos, que a tiempo presente, por esa alteración de sus dinámicas, han sufrido una merma en la influencia de su arrastre impúdico.

Pudiendo afirmarse por tanto, que en la actualidad, la contratación pública es el único soporte consustancial a la existencia de corruptelas y corrupción de mayor escala, incluyendo en su composición el conjunto de modalidades y tipológicas, bien sean obras, servicios o suministros, y eso es así, a pesar del recorte en el cómputo de inversiones resueltas por medio de la contratación de las administraciones públicas.

Se ha de afirmar con total contundencia que todos los casos de corrupción sin excepción alguna, se producen como consecuencia de la flexibilidad que otorga la disciplina legal, al admitir que las resoluciones se adopten acorde a decisiones dependientes de la voluntad política, sin necesidad de ceñirse a determinaciones basadas expresamente en métodos de ecuanimidad normativa. Habiendo de referir que no es la falta de regla el detonante de la causa, que si, la transgresión de la misma.

Es evidente que en este país no perdemos ocasión en afianzarnos en el negativismo

Por tanto, para desterrar la corrupción de la vida política hay que erradicar de origen las decisiones fundadas en la discrecionalidad y sujetarse estrictamente a medidas cimentadas en criterios objetivos al margen del imperativo político, excluyendo igualmente la arbitrariedad propiciada por las intervenciones técnico - administrativas de acompañamiento. Resultando a todas luces incuestionable que la solución pasa por instaurar modelos tasados, reforzados con mecanismos de fiscalización, sistemas que impidan otorgar licitaciones a través de métodos de suplantación, donde el imperativo político se impone al rigor de la norma.

Siendo igualmente necesario, limitar a lo estrictamente imprescindible la utilización abusiva de los procedimientos negociados sin publicidad, figura que contra toda disposición legal, actualmente, ha tomado condición de aplicación extensiva.

A través de este procedimiento la administración se reserva la selección de los concursantes por medio de invitación empresarial, con la curiosa coincidencia, de que en la mayoría de los casos se excluye a las empresas de radicación genuina, para favorecer la participación de desconocidas mercantiles foráneas. Extraña operativa que quiebra el principio de igualdad de trato, abriendo un espacio para la adjudicación al margen de la necesaria objetividad lo que supone mantener una puerta cómodamente abierta a la corrupción.

Ahora bien, siendo innegable que el fin principal que persigue la corrupción es el enriquecimiento ilícito, no habrá de obviarse que de manera instrumental, tal práctica suele tapar un trasfondo relacionado con este fin, tal es, la utilización de este infame sistema como método, para seguir prorrogando la opacidad de financiación de las organizaciones políticas.

Recóndita maniobra que no se destapa con sobredosis de amnesia, ni tampoco con insinuaciones críticas contra la judicatura, sino aumentando los mecanismo de alerta y la profundización inspectora al objeto de destapar implicaciones y hacer caer todo el peso de la ley sobre los culpables, pues de no apartar a los corruptos de la política, difícilmente se frenará la pérdida de confianza en el sistema y en sus representantes.


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Galdo Fonte (465 noticias)
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