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Las claves de la sentencia del 'procés': Hubo violencia para presionar al Estado, pero no para lograr la independencia

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13/10/2019 17:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

AMAYA LARRAÑETA

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La histórica sentencia del 'procés' que ha hecho pública este lunes el Tribunal Supremo, de 493 páginas, considera que lo ocurrido en otoño de 2017 fue un alzamiento tumultuario constitutivo del delito de sedición. Encuentra que hubo violencia, entendida como el uso de la fuerza, pero no la suficiente como para subvertir el orden constitucional. ¿Cuáles son las principales claves de la sentencia?

¿Cuál es el fallo definitivo del caso del 'procés'?

El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Asimismo, condena por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.

¿Qué tesis ha triunfado?

Si alguna tesis ha triunfado en la sentencia es la mantenida por la Abogacía del Estado, que no consideraba en los hechos probados la rebelión, o desacato al orden constitucional. Cabe recordar que la estrategia de la Abogacía del Estado cambió con la llegada al Gobierno del PSOE. A partir de entonces se pidió una calificación de los hechos de sedición y no de rebelión. De esta manera se alejaba de las tesis de la Fiscalía, que sí consideró lo ocurrido en Cataluña como rebelión.

¿Por qué se descarta la rebelión?

La Sala considera que la exclusión del delito de rebelión está justificada, no solo por razones objetivas, ligadas a la falta de funcionalidad de la violencia, sino también por razones subjetivas.

En cuanto a lo objetivo, la Sala da por probada la existencia de violencia. Pero dice que no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión (art. 472 del C.P). "Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala -por más que se haya extendido ese discurso en otros ámbitos- no puede suscribir".

La violencia "tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes. Y es en este punto donde topamos -todavía en el ámbito del tipo objetivo- con otro obstáculo para la afirmación del juicio de tipicidad. Hablamos, claro es, de la absoluta insuficiencia del conjunto de actos previstos y llevados a cabo para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogacio?n de la Constitucio?n espan?ola en el territorio catala?n", agregan.

"Lo que se vio es violencia no para lograr la secesión, sino para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una negociación". Para añadir la sentencia que bastó la declaración del 155 para que algunos de los acusados emprendieran la huida, "mientras otros desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido".

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En cuanto a las razones subjetivas que da el Supremo para descartar la rebelión, la sentencia puntualiza que todos los condenados "eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña".

"Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar".

Pero, para el Supremo es "insalvable la contradicción en que incurre quien se dirige a la ciudadanía proclamando que ha accedido a su propio espacio de soberanía e inmediatamente deja sin efecto la declaración de independencia para volver al punto de partida y reclamar, no la independencia, sino la negociación".

¿Cómo argumenta el delito de la sedición?

El quid de la sentencia es que el Alto Tribunal entiende que no hubo manifestaciones legítimas como parte del derecho de la desobediencia civil, ni tampoco rebelión o violencia para subvertir el orden constitucional, sino que en otoño de 2017 en Cataluña hubo un "alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales". El Supremo califica los hechos en el delito de sedición, contemplado en artículo 544 del Código Penal.

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¿Cómo se distribuyen las autorías?

El Supremo considera que nueve de los doce juzgados cometieron el delito de sedición. En concreto es Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, es el que más condena recibe "por su destacado papel en el proceso de inobservancia de las leyes y el contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJC". Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa son condenados a 12 años porque promovieron una estrategia para desobedecer y diseñaron una hoja de ruta hacia la república catalana. Por su parte Carme Forcadell, 11 años, se extralimitó de su competencia y quebrantó el deber de neutralidad al crear un alegalidad paralela carente de validez en el Parlament. A Joaquim Forn (10 años) le achacan neutralizar la capacidad operativa de los Mossos en alguna de las manifestaciones. Josep Rull también es considerado culpable de sedición por impedir el amarre del barco que alojaba a la Policía y por inobservancia de l mandato de los tribunales. Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años) están acusados de oponerse a las órdenes judiciales y se les culpa de promover no manifestaciones legítimas, sino un "levantamiento tumultuario" contra las leyes del TC y del TSJC.

Mientras tanto, Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, han sido condenados por "delito de desobediencia" a penas de multa de 10 meses y a la inhabilitación para ejercicio de cargo público por el plazo de un año y ocho meses cada uno.

¿Qué hechos se consideran probados?

El Supremo fija el arranque de los hechos probados en los días 6 y 8 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron la ley reguladora del referéndum de autodeterminación la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República como norma suprema, respectivamente. Sobre el 20 de septiembre, la sentencia achaca a Jordi Sánchez y Cuixart capacidad de liderazgo y estrecho contacto con responsables gubernamentales para convocar a la ciudadanía a protestas contra las actuaciones para impedir el referéndum ilegal. Habla el TS de 40.000 manifestantes, que impidieron la actuación policial y judicial hasta bien entrada la noche.

Cita La reunión posterior, del 28 de septiembre, en la que los Mossos pidieron suspender el referéndum. Sobre el 1-O, la sentencia detalla la estrategia de algunos de los acusados para fomentar la participación en el referéndum. Entre ellas la ocupación de madrugada de las escuelas dondes se votaría. Que la Guardia Civil y la Policía Nacional acudieron a algunas escuelas a impedir el reférendum en cumplimiento de órdenes del Constitucional y del TSJC. "En diversos luares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos".

Dice la sentencia que los Mossos, cumpliendo órdenes de Joaquim Forn, no impidieron el referéndum y custodiarion urnas y votos. Según el Supremo, la Policía y la Guardia Civil "se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista". Entra también a considerar probado que los gastos del referéndum fueron sufragados por la Generalitat mediante "la desviación de destino de los fondos públicos". Lo hicieron a través de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura.

¿Qué pruebas hay de la malversación?

La sala considera probado que se ejecutaron actos concretos de dispendio económico para una genuina expresión de deslealtad. Sin embargo, exonera de este delito a varios exconsellers (Borras, Forn, Rull, Vila y Mundó) porque aunque suscribieron inicialmente un acuerdo gubernativo para la asunción solidaria de los gastos del referéndum, finalmente no lo acometieron, e incluso alguno de ellos dieron órdenes específicas para la no aplicación de partidas presupuestarias a la consulta del 1 de octubre.

¿Cuál es la postura del Supremo sobre el derecho a decidir?

El Supremo esgrime que no existe tratado internacional que haya codificado "el derecho a decidir" y asegura que no existe ese "derecho". Para el Supremo, todo movimiento de secesión unilateral es un movimiento antidemocrático porque destroza las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados. La sala no puede aceptar, dice la sentencia, el "derecho a decidir" como termómetro de la calidad democrática. El Supremo recuerda que "la soberanía subsiste y no queda neutralizada mediante un armazón jurídico construido a partir de contumaces actos de desobediencia al Tribunal Constitucional". Cree la sala que se transmitió a la ciudadanía la falsa creencia de que el ordenamiento jurídico respalda la viabilidad de una pretensión inalcanzable.

¿Cómo quedan para el Supremo los límites de la desobediencia civil?

Uno de los aspectos blandidos por las defensas de los condenados es que en el otoño de 2017 en Cataluña hubo "desobediencia civil". El Supremo constata que toda cultura política madura tiene como patrimonio irrenunciable la "desobediencia civil". Que entendida como pública exteriorización de la disidencia tiene un valioso papel encaminado a la reinterpretación de lo que mayoritariamente se ha considerado como el bien común. Pero niega que exista un derecho a incumplir cualquier decisión que se considere injusta. "Nadie puede arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, arrojando al ámbito de lo ilegítimo al que no comparta sus ideas sobre la autodeterminación".

Recuerda el Supremo que ningún ciudadano de a pie que participó en las protestas de septiembre y octubre de 2017 ha sido llevado a juicio, sino que lo fueron los responsables políticos que promovieron la aprobación de leyes de desconexión y referéndum y desobedecieron el mandato del Tribunal Constitucional y del TSJC.

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"Lo sucedido el 1 de octubre no fue sólo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. Si hubiese sido eso no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusado sentre muhcas otras personas para convertir en papel mojado (con el uso de vías de hecho y fuerza física), unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del TSJC".

El Supremo considera que "no se puede tolerar supeditar el acatamiento de un Tribunal" a la voluntad de "una, diez, mil, miles o millones de personas. Máxime cuando hay otro tanto numérico de ciudadanos que confían en esa decisión, la respetan e incluso la comparten". Cree probado el TS que los responsables gubernamentales querían demostrar a la ciudadanía que los jueces y magistrados que ejercían en Cataluña habían perdido la capacidad para ejecutar resoluciones.

¿Cuándo podrán los presos acceder a la semilibertad?

La Fiscalía había solicitado al TS que determinara obligatorio el cumplimiento de la mitad de la pena antes de obtener beneficios penitenciarios, como el tercer grado (acudir a dormir a prisión solamente de lunes a jueves). La sala ha denegado esta petición, alegando que no puede evitar anticipadamente decisiones que competen a la administración penitenciaria catalana.

¿Qué supone la inhabilitación de los políticos?

La sentencia establece inhabilitación absoluta para todos los condenados por sedición por el mismo número de años que su condena a prisión, mientras que los condenados por desobediencia (Vila, Borrás y Mundó) están inhabilitados para el ejercicio de cargo público durante un año y ocho meses. Seis de los políticos condenados van en las listas para las elecciones generales del 10-N, por lo que tendrán que pronunciarse la Junta Electoral Central.

¿Recurrirán las defensas la sentencia?

El caso no se acaba con la sentencia del Alto Tribunal. Las defensas de los ahora condenados siempre han defendido su intención de acudir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hay varios pasos previos. Es necesario antes presentar un "incidente de nulidad de actuaciones" ante el Supremo apelando a la vulneración de derechos fundamentales. Después, el paso lógico sería acudir al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo. Porque sin agotar las vías nacionales no se puede dar el salto a Estrasburgo.


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