La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la primera ley de su ambiciosa reforma educativa: la creación de un interventor de universidades en crisis, para garantizar la continuidad de los estudios de universitarios.

Después de siete meses de trámite legislativo, Bachelet concretó este lunes la primera parte de su ambiciosa reforma educacional que buscar acabar con el sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y que es el centro de su segundo mandato iniciado en marzo.

El "Administrador Provisional y de Cierre" de universidades es una figura que no existía en la legislación chilena y asumirá cuando una universidad o instituto de educación superior entre en crisis financiera o educativa, haciéndose cargo del proyecto.

"A partir de 2015, habrá más protección para todos los estudiantes y sus familias, porque no queremos ver casos de universidades que quiebran y los estudiantes quedan abandonados a su suerte", dijo Bachelet al promulgar la iniciativa en el palacio presidencial de La Moneda.

La ley establece que ante cualquier situación anómala, estudiantes, apoderados y docentes podrán pedir el inicio de una investigación preliminar. Si se confirma algún incumplimiento, se podrá adoptar un plan de recuperación o nombrar un administrador provisional o uno de cierre.

La normativa surgió ante el sonado caso de la Universidad de Mar, que fue cerrada por irregularidades administrativas y mala calidad de algunas de las carreras que impartía, dejando a la deriva a unos 18.000 alumnos.

Una auditoría detectó el incumplimiento de los estatutos por parte de la universidad, la mala calidad de las carreras del área de salud, y el "abandono" del proyecto educativo con la intención de obtener ganancias, una situación prohibida por ley.