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6D: Nada que celebrar

02/12/2016 21:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cuando además de obsoleta, la Constitución ya no se cumple y los poderes públicos no garantizan los derechos sociales que proclama, la situación obliga su adecuación a la realidad emergente, que nunca, a ceremoniales de reafirmación institucional

De la actual ley de Leyes  se nos cuenta que  fue redactada con la finalidad de hacer de ella la herramienta de estructuración  jurídica del Estado, un relato que difiere en lo sustancial de la realidad, toda vez  que  el  verdadero objetivo  de la Constitución del 78 como hija de las circunstancias,    fue la restauración de la monarquía, al tiempo de  mantener  intactas decisivas estructuras del franquismo con el propósito  de blindar como intocables al sector financiero y  la elite empresarial, como también  la impunidad  y el olvido  para los crímenes del anterior  régimen.

Y todo orquestado desde  el exclusivismo  de unas   formaciones  políticas concretas, con total exclusión participativa de una  ciudadanía a la que no solo se la situó al margen de toda intervención, sino que mismamente,   fue tratada  como si de un colectivo perturbador se tratara.

Y de aquellos mimbres estos cestos, no pudiéndose  producir por tanto otro resultado  que una Carta Magna   de inútil funcionalidad para el interés general, que  sin embargo, proporcionó favorables resultados en los  intereses  de los autores intelectuales de la misma, es decir, de  los dos partidos políticos que en alternancia vinieron a conformar la   alcurnia del poder, a través  de prácticas constituyentes  poco ortodoxas que dieron al traste  con el principio fundamental que debe preservar  todo marco constitucional que se precie,  colando así en  su contexto  una versión adulterada y aleatoria  de la separación de poderes, para de esa forma, ejercer libremente la colonización bipartidista del régimen, aun cuando tal desatino restó eficacia  a su contenido a la vez de  generar degradación en el funcionamiento de las  instituciones y por derivación  en la marcha del sistema, cuyas consecuencias repercutidas,  no fueron   otras  que la proliferación de la corrupción y la total ausencia de democracia representativa

Ello es la causa de que la actual Constitución sea un todo inservible, por pésima, obsoleta  e inoperante,  y por tanto,  razón sobrada  para desecharla  y  afrontar  un Nuevo Proceso Constituyente  que permita iniciar en el país  una etapa de auténtica democracia, más allá del  esperpento que llevamos padeciendo  por imperativo de la ralea política dominante, para así, desde un vuelco a la situación  poner las instituciones al servicio del pueblo, y con ello,   dejar sin efecto el trato preferente otorgado  a los intereses de la élite económica,   y desde esa premisa,  partiendo de la separación efectiva de los tres poderes del Estado, tras el correspondiente debate y participación popular, culminar con la elaboración y ratificación de una Nueva Constitución.

Cuando la precariedad generalizada deja traslucir el derrumbe del modelo de Estado, ni cabe espacio para la continuidad ni mucho menos razón para seguir reproduciendo secuencia de lo inservible,

Sabido es que un proceso constituyente difiere en lo sustancial de una reforma constitucional, y no tan solo en lo referente al  alcance  y magnitud del cambio, sino especialmente,   por el diferente protagonismo que ejercen  los ciudadanos entre uno y otro escenario, pues mientras en  la reforma constitucional  su papel se limita  a pronunciarse sobre un contenido ya concertado, el proceso constituyente  requiere de su  función protagonista y de su participación  activa, correspondiéndoles a ellos por tanto, decidir quién y cómo debe cambiar la Constitución, y todo  esto remitido al uso de su libertad y su conciencia.

Por tanto, ahora cuando el próximo día 6 de diciembre se cumplen  38años  desde la  ratificación en referéndum de la  que fuera norma suprema  del ordenamiento jurídico del país, asumiendo  que el paso del tiempo  transformó su contenido en el mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia, la reacción en primer término no debe presentar duda alguna  toda vez  que  la reconducción de la situación  pasa inexorablemente porque los ciudadanos  optemos por tomar el  relevo jerárquico  en aras a cambiar la degradante realidad que estamos a vivir, pues o bien decidimos  ser los protagonistas del cambio necesario liderando un proceso constituyente,   o  asumimos  como hasta ahora   la  tutela de  una  minoría dedicada a defender en preferencia  los intereses espurios del séquito pudiente.

Cuando la precariedad generalizada y el malestar colectivo de la ciudadanía deja traslucir el derrumbe  del modelo de Estado, ni cabe  espacio para la continuidad  ni mucho menos razón  argumental para seguir reproduciendo  secuencia de lo inservible, y al  resultar obvio  que en la actual  coyuntura la vigencia  de   la Carta Magna  tiene agotado su recorrido, se antoja  obligado arrancar sin dilación con ese auténtico proceso constituyente  que más allá de adecuarse a  composturas y ambigüedades, debe cancelar  toda conexión con el pasado al efecto de articular sin dependencias  ni cortapisas  un procedimiento  que conforme el  marco, social, económico y político más igualitario, equitativo y esencialmente democrático.

Pero para  alcanzar dicho objetivo, es necesario generar la hegemonía social  necesaria, de tal modo, que su  desarrollo no quede expuesto   a la exclusiva determinación de  las mismas organizaciones  políticas que con su baja   intensidad democrática y notoria  exclusión  hacia la  participación ciudadana,  fueron las  artífices  de  consumar  el despropósito que representa el vigente texto constitucional  del que defienden su idoneidad  solo porque lo pueden pisotear a su antojo e invocar a conveniencia .

De ahí que en tanto no se consolide el formato de una  nueva legalidad, nada haya que celebrar


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Galdo Fonte (465 noticias)
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